El gobernador Miguel Barbosa informó que la Función Pública comenzó una investigación, luego de que se detectó la presencia de “familias factureras en Puebla” que sirvieron para las administraciones del morenovallismo y así justificaran gastos.
En su habitual conferencia matutina, el titular del Ejecutivo comentó que, a raíz de la detención de Daniel Tavera, involucrado en la “Operación Angelópolis”, se realizó una revisión a los gastos gubernamentales de 2011 para atrás.
Adelantó que lo que hasta el momento ha surgido es “un escándalo”, pues las empresas del socio de Arturo R., y Francisco R. no son las únicas que han servido a las administraciones anteriores para emitir facturas falsas.
Reveló que han identificado a familias factureras en Puebla, de las cuales se tienen todos los detalles, por lo que adelantó que se va a barrer hasta a fondo con este tema, además de iniciar una auditoría a los gastos de otras administraciones.
El gobierno del estado está haciendo investigaciones de todo el manejo que aparezca en actos gubernamentales de gasto público de estas empresas desde 2011. Vamos avanzando, de lo de hoy hacia atrás y es un escándalo, así se los digo y no son las únicas empresas factureras, no son, en Puebla hay familias factureras, se dedican a eso”, declaró.
Barbosa Huerta reconoció que el trabajo de identificar todas las situaciones irregulares derivadas de la expedición de facturas falsas para la justificación de gastos, aunque adelantó que habrá procedimientos en contra de los responsables.
Incluso señaló que el tema de Tavera solamente fue “la punta del iceberg” pues detrás de esta situación salieron diferentes cuestiones indebidas que ocurrieron durante las gestiones de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad.
Acudían a ellos cuando había que justificar un dinero que no se puede ver, esto que salió de Tavera es la punta del Iceberg, qué cochinos se volvieron porque cuando el que está arriba se corrompe, todo también, así ocurrió en muchos sexenios”, enfatizó.
Esto luego de que Daniel Tavera fuera vinculado a proceso por ocultar más de 600 millones de pesos por medio de diversas compañías de las que él era el representante legal, parte de estas que se involucran con el diputado federal, Ignacio, “Nacho”, Mier y sus socios.
