El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla indicó que las reformas a la Ley Antilavado de México proponen ejercer mayor control sobre los actores que están detrás de operaciones financieras para evitar el delito.
Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la institución, explicó los cambios que se avecinan en caso de aprobarse la iniciativa.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, tiene como objetivo la previsión de delitos en la materia.
Su implementación obedece a los lineamientos establecidos por Grupo Acción Financiera Internacional, una institución de la cual México es miembro desde 2010.
Los estándares internacionales obligan a los sujetos obligados a promover acciones para prevenir el lavado. Al mismo tiempo, para evitar el financiamiento a otros ilicitos como el terrorismo.
Entre estas entidades destacan inmobiliarias, empresas dedicadas a la venta y compra de vehículos o joyas, arrendamiento de inmuebles, entre otras consideradas vulnerables.
Estos sectores deberán implementar procesos de prevención y control dirigidos a colaboradores y clientes.
De esta manera, serán capaces de identificar a las personas físicas que están detrás de las transacciones financieras u operaciones comerciales. Mejor conocidos como beneficiarios controladores.
Con las reformas a la Ley Antilavado, se propone ejercer mayor control sobre los beneficiarios controladores, capacitación a profesionales y colaboradores de empresas, señala el @IMCP_Puebla.#AmbasManos @CarmenLDN https://t.co/LXWPEpCkSB pic.twitter.com/zB0JpUTP8M
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) March 25, 2025
Así funcionará la Ley Antilavado
Con la legislación, los sujetos obligados deberán implementar sistemas automatizados para llevar un mejor y adecuado control de estas operaciones y brindar informes a las autoridades financieras cuando lo requieran.
Asimismo, los colaboradores de las empresas tendrán que capacitarse constantemente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrrosinmo. Este último delito fue agregado recientemente ya que no se encontraba en la ley.
Resaltó que con la entrada en vigor de la ley, los profesionales en la materia, como contadores y abogados, enfrentarán nuevos retos.
Primeramente, ellos tendrán que actualizarse para brindar una orientación correcta y conforme a la ley. Por otro lado, los empresarios deberán responder a los nuevos desafíos para cumplir con la normativa que regulará el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De no hacerlo, serán acreedores a sanciones que pueden ir desde las 200 a las 20 mil UMAS. Es decir, desde 22 mil a más de un millón de pesos por incumplimiento de obligaciones.
Finalmente, como parte del control interno de las empresas, es necesario cumplir con protocolos que ayudan a identificar a las personas físicas o beneficiarios controladores que adquieren bienes como autos, casas y otros objetos de valor.
Mientras tanto, las iniciativas de reforma ya las aprobó el Senado y se espera que entre en vigor este año.
Por su parte, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ofrecerá una certificación en materia de prevención de lavado de dinero y anticorrupción. Así, los profesionales se certificarán y podrán brindar asesorías.
No nos podemos quedar atrás porque esto implicaría a nivel país tener fuertes repercusiones en nuestro comercio internacional y en las relaciones con otros países principalmente”, dijo Berenice Espinoza Moreno
