El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que, con la reforma a la Ley del Notariado, se busca limpiar los privilegios a fedatarios como ocurrió en las administraciones morenovallistas.
El mandatario estatal afirmó que él no repetirá la practica de sus antecesores para designar de manera directa a titulares, auxiliares y suplentes de notarios en el estado de Puebla, esto en favor de allegados.
Añadió que no se entregarán patentes como “pago de servicios o compensaciones” como sucedió en la administración de Rafael Moreno Valle, pues se busca acabar con un tema influyentísimo y privilegios que tenían notarios de Puebla.
El gobernador se cortó el dedo para regalar notarias, para premiarlos con esto, Miguel Barbosa no otorgará ninguna notaria por compensaciones o por pago de servicios a nadie, no habrá el notario del tal influyente del gobierno (…) hay que limpiar los círculos de privilegio”, comentó.
Explicó que dentro de la iniciativa se establece el tema de cuantas notarias debe haber con base a la densidad poblacional cada cierto número de habitantes, así como los requisitos y exámenes que deben desarrollar para obtener el cargo de notarios.
Además, se acortó el tiempo en el que se llevará a cabo el proceso de convocatoria y designación tanto de titulares como de auxiliares y suplentes, atribución que anteriormente les correspondía a los fedatarios.
Acerca de las notarias que el morenovallismo entregó de manera irregular, Barbosa Huerta comentó que ya se han logrado recuperar más de 20, aunque las investigaciones continúan en marcha.
El proceso para reponer las titularidades de las notarias recuperadas iniciará una vez que concluya la discusión y en su caso aprobación y publicación de la reforma, para que interesados participen en el concurso y ganen su lugar.
No se permitirá corrupción en autorización de predios
En otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que, con la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Puebla, se busca corregir que no haya corrupción en la autorización de asentamientos irregulares.
Explicó que, con el crecimiento demográfico, se ha provocado una entrega de predios irregulares que se encuentran en zonas de riesgo, es decir, sobre ductos de hidrocarburo y sobre los derechos de vía de trenes.
Tenemos que limitar y sancionar a quienes, mediante corrupción, autorice la ubicación de construcciones en zonas de riesgo y así es como enviamos esta iniciativa para figuras delictivas a este tipo de casos”, apuntó.
La reforma contempla una sanción desde cuatro hasta diez años de prisión, además de una multa económica que alcanza hasta los 48 mil pesos para funcionarios que sean omisos, autoricen, otorguen y concedan asentamientos humanos irregulares.
