Todas las muertes violentas de mujeres deberán de investigarse como feminicidio en Puebla y todos los estados, así lo establece la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio que este martes enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado.  

Desde el pasado 5 de diciembre, el diputado de Morena, Andrés Villegas, presentó la ley para que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas como feminicidio en Puebla. No sólo planteó una reforma. Pidió una Ley General para homologarla con los intereses de la presidenta, quien adelantó este ordenamiento y sus alcances desde su campaña.  

En Palacio Nacional, Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República (FGR), explicó que la ley contempla 52 artículos.  

En el título VI, se establecerá la investigación del feminicidio que deberá de ser con perspectiva de género.  

Resalta que toda muerte violenta tendrá que investigarse bajo la hipótesis de feminicidio.  

Al respecto, la presidenta indicó que cuando haya un homicidio por el sólo hecho de ser mujer, los Ministerios Públicos tendrán que investigar como feminicidio. Si no es así, ya lo decidirá conforme a la investigación. Esto evitará que sea clasificados como suicidios o accidentes, como sucede en muchos casos.  

Además, la FGR y las fiscalías locales deberán de contar con unidades especializadas que garanticen la investigación continua y permanente.  

La FGR expedirá un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito. Es decir, la forma en que tiene que trabajar los policías para resguardar escenas del crimen. 

Toda muerte violenta de una mujer se investigará como feminicidio y darán hasta 70 años de prisión 

Respecto al tipo penal, se establecerá que “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”.  

Serán nueve las razones, entre las que se contemplará signos de violencia sexual, antecedentes de violencias contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios, así como los contextos de poder.  

La pena establecerá de 40 a 70 años de prisión con 21 agravantes para aumentar la pena en una mitad, entre las que están: 

  • La víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad 
  • Sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante 
  • Se cometa por una persona servidora pública 
  • La víctima presente signos de violencias como ataques con ácido o sustancias inflamables 

La multa será de mil a dos mil Unidades de Medidas de Actualización (UMAS). 

Adicionalmente, la pena contra el responsable contemplará que pierda los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener de bienes y derechos.  

Además, perderá la patria potestad respecto a hijos y la tutela de aquellas personas de las que tenga derecho. Tampoco podrá tener algún beneficio legal relacionado con víctimas directas o indirectas.  

La ley general establece derechos de las víctimas 

La Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio establece los derechos de las víctimas y la reparación integral del año. Los derechos de las víctimas son el acceso a la verdad y justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas.  

También, asistencia jurídica gratuita, seguridad social para niñas y adolescentes en orfandad, restitución o entrega del cuerpo de manera digna y servicios de traducción e interpretación.  

Por otro lado, habrá políticas de prevención y atención de la violencia feminicidio. Esto para promover que en los estados haya elementos normativos de erradicación del problema.  

Para ello, habrá que promover la armonización del tipo penal y actualización de protocolos especializados de investigación.  

Además, implementar campañas de concientización para prevenir el delito y crear grupos de apoyo técnico a las investigaciones por feminicidio.  

Entre las políticas integrales que se incluyen son los Centros LIBRE, el registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y planes de protección para mujeres sobrevivientes.  

Y el Secretariado Ejecutivo integrará la información relativa a la incidencia delictiva del delito de feminicidio en colaboración con fiscalías e Inegi.  

Finalmente, Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que, al ser una ley general, todos los Congresos de México tendrá que hacer las adecuaciones a sus legislaciones.  

Confió en que pasará en la Cámara de Diputados al señalar que no cree que alguien se oponga a que se investiguen como feminicidios las muertes violentas de mujeres.  

Plaza San diego
Diana

Diana Juárez Martínez

Licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la BUAP. Se inició en periodismo en 2013 en Ángulo 7, donde trabajó 9 años y llevó la coordinación de información.