Luego de que el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el mandato de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral, el presidente Nayib Bukele rechazó que eso signifique el “fin de la democracia”.
Fue el pasado jueves cuando el Legislativo, dominado por el oficialismo, avaló la profunda reforma que generó críticas de organismos de derechos humanos internacionales.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la decisión como un “golpe mortal” a la democracia. También, una “manipulación” a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.
Sin embargo, el presidente contestó este domingo. Aseguró que las críticas a esa decisión se deben a que la tomó un país “pequeño y pobre”.
Argumentó que “el 90 por ciento de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”.
Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente es el fin de la democracia”, ironizó el mandatario de 44 años, quien llegó al poder en 2019 y fue reelegido en 2024 con un 85 por ciento de votos que le permitió tener un control casi absoluto de todos los poderes del Estado.
Según él, Según él, si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria “con exactamente las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca”, las críticas seguirían.
La reforma constitucional se aprobó tras una oleada de detenciones contra defensores de derechos humanos y críticos del gobierno. Todo ello ha forzado al exilio a decenas de periodistas y activistas humanitarios.
Además, Bukele goza de enorme popularidad por su “guerra” contra las pandillas que redujo a mínimos históricos la violencia en el país. Sin embargo, su política de seguridad está basada en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos porque permite detenciones masivas sin orden judicial.
