Los estacionamientos gratuitos son los más vulnerables al robo de autopartes. Así lo advirtió Andrés de la Luz, director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), al señalar que el cobro ayuda a inhibir delitos y a mantener condiciones básicas de seguridad.
El representante del sector explicó que mantener las plumas abiertas, sin ningún tipo de control, facilita la operación de bandas dedicadas a este delito.
Lo anterior, debido a que no existe un responsable directo cuando ocurre un atraco. En ese escenario, dijo, los delincuentes actúan con mayor libertad.
Como ejemplo, mencionó que plazas como Loreto y Cruz del Sur, donde no se aplica ningún pago, registran robos de manera constante.
En contraste, otros complejos como Plaza San Diego y Vía San Ángel optaron por implementar tarifas para frenar esta problemática. Medida que —aclaró— no busca recaudar, sino ordenar el acceso y proteger a los usuarios.
De la Luz recordó que Puebla pasó del quinto al cuarto lugar a nivel nacional en robo de autopartes, con base en cifras de las autoridades.
Por ello mencionó que eliminar el pago podría agravar aún más la situación.
Si hoy tú dejas y abres las plumas de manera abierta, te aseguro que toda la industria de robo de autopartes va a estar ahí y no va a haber a quien reclames, ni a quién hagas responsable”, declaró.
De hecho, precisó que la diferencia entre los espacios con control y aquellos sin costo es evidente.
En los primeros, dijo, se reporta en promedio un atraco al año. Mientras que en los gratuitos se llegan a contabilizar hasta 13 casos por semana.
No son números de la asociación, son cifras de la Fiscalía”, puntualizó.
Añadió que los centros comerciales afiliados a la Acecop ofrecen una hora de cortesía. Además, las tarifas no han aumentado en los últimos seis años.
Actualmente el costo promedio es de alrededor de 20 pesos por tres horas. Este monto resulta menor al que se paga en zonas como el Centro Histórico donde ese precio es el de una sola hora.
Finalmente, sostuvo que la discusión no debe enfocarse en prohibir el cobro, sino en regularlo, para que los ciudadanos sepan qué pueden exigir.
Si se cobra, debe existir una obligación legal de responder y dar garantías”, concluyó.
