El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó sin abogados a más de 30 mil menores de edad migrantes como parte de su estrategia contra las personas indocumentadas.
De acuerdo con El País, el gobierno canceló los contratos que tenía con decenas de organizaciones a cargo de los procesos jurídicos de los menores que ingresaron al país sin acompañamiento.
Esto ha provocado que al menos 26 mil menores de 18 años que han llegado a Estados Unidos en los últimos años se queden indefensos.
Además, los defensores que llevan los casos en los tribunales fueron amenazados. Esto para que desistan de continuar con sus litigios contra la administración para permitirles permanecer en el país.
Cristel Martínez, abogada hondureña que lleva estos casos, dijo que las cosas han cambiado desde el primer mandato de Trump.
Recordó que cuando ocupó la presidencia en 2018, “había muchos ataques, pero no algo así”, en referencia a los abogados que se han visto amenazados.
En Los Ángeles, California, ella y su equipo tienen en sus manos al menos 325 casos de menores migrantes no acompañados.
Lo que el Gobierno está diciendo es que los niños se pueden defender solos”, dijo en una entrevista con el medio de comunicación.
Aseguró que muchos de los expedientes son complicados y las leyes migratorias en Estados Unidos están “diseñadas para ser complejas y altamente discrecionales”.
Ahora, las y los pequeños deberán sortear solos su estatus migratorio a través de lo jurídico, y es muy probable que sean deportados.
¿Qué establece la ley que protege a menores migrantes que Trump canceló?
Desde 2005, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Protección a los Menores Migrantes no Acompañados.
Esto generó condiciones para que los menores tuvieran certeza jurídica. Ello, a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Pero con la cancelación al financiamiento a cientos de organizaciones y despachos rompe con la ley creada hace 20 años.
La ley también impedía que los niños y niñas fueran llevados a centros de detención para adultos o delincuentes juveniles.
De igual forma establece que el gobierno no puede repatriar a los pequeños que tienen bajo su custodia debido a que pueden correr peligro.
Asimismo, deben de contar con una asesoría legal “competente” a través de organizaciones sin fines de lucro calificadas en el tema.
La situación cambió a partir del viernes, cuando se anunció la cancelación de los recursos que atienden miles de expedientes en el sistema judicial.
