El Gobierno de Puebla aclaró que no habrá persecución, pero tampoco será omiso de las irregularidades que detecten en esta o anteriores administraciones. El mandatario Alejandro Armenta dijo que “no habrá protección para quienes cometan actos irregulares”.  

Todo sucedió durante la rueda de prensa Mañanera este 30 de octubre, en la que se le cuestionó al mandatario sobre la decisión de sancionar a la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro, por el caso de Accendo Banco.  

Dijo que todas las investigaciones sobre este caso, el Colegio de Bachilleres, el Museo Internacional Barroco (MIB) y los chips colocados en las piezas de museos seguirán su curso.  

Gobierno de Puebla reitera: no hay persecución

No hay protección para quien comete actos irregulares, sea del PAN, sea del PRI, sea de Morena, del PT, del PRD, del Verde o del partido que sea. Militar en un partido no escapa de protección frente a actos irregulares. Dejamos muy claro que no vamos a cerrar los ojos ante ninguna irregularidad y tampoco vamos a perseguir a nadie. Todo con apego a la ley”.  

Por su parte, el Coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, resaltó que son la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial los que, con total independencia, investigan todos los casos.  

El gobierno, dijo, entregará las pruebas necesarias.  

Tanto estos casos como otros que se han preguntado, como lo ha indicado el señor gobernador, no habrá persecución, pero no seremos omisos y no habrá impunidad, las investigaciones van a seguir su curso y serán las instancias correspondientes, Fiscalía y el Poder Judicial que son autónomos, quienes tendrán que emitir sus resolutivos”.  

Esta semana, el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió que Teresa Castro, titular de Finanzas en la administración de Miguel Barbosa, fue responsable por la inversión de 600 millones de pesos en Accendo Banco que se perdió totalmente.  

Le impuso una multa por más de 300 millones de pesos y la inhabilitó por 20 años.  

El proceso lo inició en 2023 la entonces Secretaría de la Función Pública por un perjuicio económico de 604 millones 996 mil 131 pesos.

Lo anterior debido a que en 2021 el Gobierno de Puebla invirtió en Banco Accendo, institución que a los pocos meses se declaró en quiebra. 

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