El Congreso de Puebla aprobó, por unanimidad, la reforma al Poder Judicial presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Las modificaciones incluyen el procedimiento para remover magistrados.

La reforma contempla que el Consejo de la Judicatura será responsable de iniciar y resolver procesos contra los magistrados. Lo podrá hacer por obstrucción a la ley o por conflicto de interés. 

Una vez que el Consejo falle, el dictamen será enviado al Congreso de Puebla para que determine la sanción que podría ser la destitución del magistrado.

Además, la vigilancia de la implementación de esta reforma estará a cargo del Consejo de la Judicatura, que remitirá informes de la actuación de los órganos del Poder Judicial al Congreso.

En cuanto al artículo séptimo transitorio sobre cuándo se declare conflicto de interés y sea objeto de un problema de desempeño, se hará la revisión en 180 días para que en caso de que hubiese una responsabilidad administrativa. 

En el caso de que no se apruebe por las dos terceras partes del Congreso la designación de un magistrado, el gobernador tendrá 30 días para enviar otra propuesta, misma que de no resultar electa, el Ejecutivo lo designará en automático.

En la reforma, también establece que el mecanismo del Control de Constitucionalidad propuesto, aplique también para las acciones o acuerdos que violatorios de la Constitución local de los ayuntamientos.

La discusión de la iniciativa contó con la presencia de las dirigentes estatales de Morena, Olga Romero y del PAN, Augusta Díaz de Rivera. 

Cabe señalar que tras la publicación de esta reforma en el Periódico Oficial del Estado (POE) tendrán 180 días para emitir las leyes secundarias. 

El morenista Carlos Evangelista remarcó la importancia del fortalecimiento en materia de Transparencia y explicó que tenía una observación sobre los perfiles especializados  para darle prioridad a quienes tengan formación judicial. 

Así como propuso disminución de sueldos a los magistrados, pues”nadie puede ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador”.  

Aurora Sierra respaldó la iniciativa porque comentó que hace falta mejorar la percepción de la percepción de la impartición de justicia.  

Recordó que los trámites en este poder son percibidos como más burocráticos, exaltó que hubo diez modificaciones en la dictaminación, de las cuales estuvieron impulsadas por su bancada. 

Resaltó que su aprobación evitará el nepotismo para que los trabajadores informen el parentesco con otros miembros del Poder Judicial. Celebró que hubo pluralidad en la discusión y no fue aprobada “al vapor”. 

La diputada Isabel Merlo también recordó que se dará una indemnización a quienes comprueben un daño en su contra por un daño atribuible al Poder Judicial

El diputado Eduardo Alcántara celebró que hubo trabajo conjunto entre su bancada con el PRI, recalcó que no por tener diferentes opiniones están en contra de Puebla. 

Sergio Salomón comentó que la iniciativa contiene la esencia para que la sociedad poblana tenga una justicia pronta y expedita. Expuso que tiene la finalidad de restaurar la imagen de los jueces y magistrados, así como evitar una crisis constitucional. 

Mónica Silva descarta conflicto de intereses

Como la diputada Mónica Silva es esposa del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Héctor Sánchez Sánchez, la legisladora descartó conflicto de intereses. 

Expuso que su ausencia en las sesiones de comisiones de Gobernación donde se discutió el dictamen de la iniciativa de reforma se debió a que no quería “viciar” el debate. 

Estimo que es una ley general, por lo que no podría tener una dedicatoria para Sáchez Sánchez respecto a su posible destitución. 

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Paola Macuitl Gallardo

Paola Macuitl Gallardo

Estudiante de Lingüística y Literatura Hispánica por la BUAP. Reportera desde 2019, ha cubierto la fuente de cultura y gobierno en Info Quórum y Ángulo 7.