La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla firmó un convenio de colaboración con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para capacitar a agentes ministeriales en Derechos Humanos. Con énfasis en la prohibición absoluta de la tortura y la aplicación de la perspectiva de género en investigaciones y procesos penales.
La firma del acuerdo se da en cumplimiento a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento lo firmaron la fiscal general Idamis Pastor Betancourt y el titular de la oficina del fiscal general, Miguel Ángel Pérez Lugo. Así como por el magistrado José Eduardo Hernández Sánchez, presidente del Consejo de la Judicatura.
Asimismo, por la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Dulce María Pavón Jiménez, titular de la Escuela Estatal de Formación Judicial y Mónica Roldán, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
La titular de la FGE agregó que el objetivo es erradicar los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Subrayó también que los jueces tienen la obligación de juzgar con perspectiva de género. Y la Fiscalía, a su vez, debe integrar las carpetas con ese enfoque.
Hay investigaciones abiertas contra ministeriales de Puebla por tortura
Esto ocurre mientras la propia FGE mantiene abiertas investigaciones contra varios de sus agentes por su presunta participación en actos de abuso de autoridad y robo agravado.
A uno de ellos lo detuvieron el pasado 15 de enero afuera de su domicilio, en la colonia Revolución Mexicana. Según consta en el Registro Nacional de Detenciones.
El acusado estaba adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana (FIM) en San Andrés Cholula.
Ese mismo día, la FGE intentó ejecutar otras tres órdenes de aprehensión contra los ministeriales Luis Fernando R.P., Jordy F.A. y Javier S.H., pero los tres lograron escapar.
Uno de ellos fue cercado sobre Periférico Ecológico, pero huyó; otro fue defendido por vecinos y familiares, quienes impidieron su detención.
Las investigaciones en su contra se integran en las carpetas FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000954/2022, FGEP/CDI/CGEIRV/R.VEHÍCULO-I/003822/2023 y FGEP/FEAI/SERVPUB/085/2023.
Los cuatro ministeriales están señalados por el caso de Alejandro M., un agente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que fue detenido junto con su esposa en septiembre de 2022, en el estacionamiento de Plaza Loreto.
A ambos los señalaron por extorsión y estuvieron varios meses en prisión, pero mediante juicios de amparo lograron recuperar su libertad.
De acuerdo con su denuncia, Alejandro fue torturado durante varias horas tras su detención. Los agentes lo habrían golpeado y amenazado con fabricar delitos adicionales.
Posteriormente, con las llaves que le habían quitado, fueron a su domicilio y se llevaron su vehículo. El agraviado, obtuvo videos que prueban este hecho y los integró como evidencia en la carpeta de investigación.
Alejandro pertenecía al área de Inteligencia de la SSP cuando fue víctima de un intento de linchamiento en Santa María Tonantzintla, en San Andrés Cholula.
Después del incidente, la salud del policía estatal se deterioró a causa del COVID-19 y solicitó su baja definitiva.
Sin embargo, su entonces jefe inmediato —el director de Protección a Funcionarios— le exigió cubrir los daños materiales causados por el intento de linchamiento. Incluyendo las armas perdidas y una patrulla incendiada.
Aunque denunció los hechos ante el Ministerio Público, la carpeta que se inició por lesiones dolosas, amenazas, daño en propiedad ajena por incendio y robo con violencia, desapareció.
Desde entonces, sostiene una batalla legal para que la SSP le entregue su baja, ya que su estatus actual es “abandono de empleo”, lo que le ha impedido acceder a otros trabajos.
Las investigaciones contra los ministeriales acusados se reactivaron unas semanas después de que Idamis Pastor asumiera la titularidad de la FGE.
