Tras la detención de Uruviel y Giovanni González Vieyra, alcaldes de Ciudad Serdán y Tlachichuca, el PAN y el PRI pidieron no postular a personas de “dudosa reputación”. Sin embargo, ellos también han postulado a personas ligadas al crimen organizado
Se pronunciaron luego de que pobladores de ambos municipios bloquearon los accesos al Congreso local durante más de nueve horas.
El martes 11 de marzo, al menos 120 pobladores arribaron al Congreso y exigieron hablar con la dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales.
La manifestación inició con jalones a los portones y en el transcurso del día escaló. Llegó un punto en que no permitieron que ingresaran alimentos para la planta laboral y diputadas y diputados.
Uruviel fue imputado por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, mientras que Giovanni González por el delito de encubrimiento de mercancía robada.
Ambos permanecen en prisión preventiva oficiosa en el penal de Tepexi de Rodríguez. Sus audiencias de vinculación a proceso se llevarán a cabo este fin de semana.
Pese a este escenario, la población defendió a los alcaldes y señalaron que han llevado medicamentos y otros beneficios a sus comunidades.
Al menos 30 legisladores estuvieron encerrados más de nueve horas. Entre ellos la diputada del PRI, Delfina Pozos, quien hizo un llamado a los partidos para no postular a personas ligadas al crimen.
La petición es que ya no se elijan perfiles que no tienen que elegirse, porque nosotros qué culpa tenemos de estar aquí encerrados”, comentó.
Además, dijo que se tiene que reformar la ley para endurecer los requisitos de las personas que aspiran a un cargo. Esto, a fin de asegurarse que no están ligadas con el crimen organizado.
Una postura similar tomó el PAN en Puebla, pues mientras el Congreso se encontraba tomado, emitieron un comunicado. Pidieron “cero tolerancia” a las personas con “dudosa reputación”.
Pidió que los partidos sean personas con una trayectoria “intachable” y comprometidas con la ciudadanía. También anunciaron medidas para elegir candidaturas alejadas de actividades ilícitas.
Reforzaremos nuestros mecanismos internos de control y evaluación para asegurar que nuestras y nuestros representantes sean dignos del mandato ciudadano”.
PAN y PRI piden no postular a personas de “dudosa reputación”, pero ellos hacen lo mismo
Aunque el PAN y el PRI hicieron un llamado para no postular a personas ligadas al crimen organizado, ambos partidos han caído en ello.
Por ejemplo, la suplente de Delfina Pozos ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) es Tania Félix Gómez Trejo, actualmente presa en el penal de San Miguel.
Ella está vinculada a proceso por los siguientes delitos:
- Delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de narcóticos
- Portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército
- Portación de armas de fuego sin licencia
- Posición de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército
- Portación de inhibidor de señal
Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó el 31 de octubre de 2024 que un inmueble en la colonia Del Valle, donde había una toma clandestina, era de Gómez Trejo.
También estaría vinculada con el asesinato de siete hombres, cuyos cuerpos desmembrados fueron puestos en un automóvil en el Periférico Ecológico.
PAN también postula a un personaje presuntamente ligado al crimen organizado
Por su parte, el PAN postuló como candidato a la presidencia municipal de Venustiano Carranza a Marco Antonio Valencia Ávila.
En 2019, la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) cateó propiedades de la familia Valencia, reconocida por gobernar la zona desde hace varios años. Esto, luego del primer informe del entonces alcalde Vicente Valencia Ávila, hermano del candidato.
Además, la FGE investigó a otro hermano del aspirante, Rafael Valencia. El fallecido gobernador Miguel Barbosa afirmó que dichos nexos habrían influido en el clima de inseguridad en la zona.
Incluso, en años anteriores, el exgobernador dijo que se trataba de “una banda de sicarios del poder público municipal”.
