En Puebla, presentaron una iniciativa que considere como violencia digital la coacción directa o indirecta para obtener la geolocalización de una mujer.
La diputada Karla Rodríguez Palacios presentó una iniciativa para adicionar el artículo 23 Bis 1 a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Puebla.
Argumentó que, con la existencia de nuevas tecnologías de la información, estas manifestaciones de violencia se llegan a expandir. Lo hacen al grado de querer poseer, en todo el tiempo, las acciones que desarrollan las mujeres en su día a día. Así, los agresores buscan la forma de controlar lo que hacen, a dónde van y con quién están.
Una forma de llevar a cabo esto es a través de la geolocalización, la cual es una herramienta tecnológica desarrollada para conocer la ubicación real de objetos como celulares y computadoras conectadas a internet, pero también se puede ocupar para monitorear donde se encuentra una persona”.
La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución correspondiente.
Por otro lado, en sesión ordinaria, la diputada Lizette Minto García presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal. El fin es establecer la creación de Direcciones de Derechos Humanos y Comisiones Permanentes en los 217 ayuntamientos de Puebla.
La iniciativa señala que será facultad de las y los presidentes municipales nombrar al titular de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio. Tendrán que asegurarse de que dicha persona posea los conocimientos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones.
Además, el presidente municipal deberá asegurar que la Dirección de Derechos Humanos opere conforme a legalidad y respeto a los derechos humanos.
Para este fin, se propone reformar la fracción LXIII y adicionar la fracción LXIV del artículo 91.
También, reformar la fracción IX y adicionar la fracción X del artículo 96, ambos de la Ley Orgánica Municipal.
La iniciativa se turnó a la Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Asuntos Municipales, para su análisis y dictaminación procedente.
Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de las siguientes iniciativas:
Iniciativa del diputado Roberto Bautista Lozano para reformar el artículo 267 del Código Penal del Estado de Puebla. Ésta busca ampliar la definición de cópula y violación, con la finalidad de dotar de herramientas a los ministerios públicos y jueces para la correcta aplicación de la norma.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, para su estudio y resolución correspondiente
Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar el párrafo primero del artículo 3 de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla. El propósito es especificar exactamente a partir de qué nivel jerárquico empieza la obligación de realizar el proceso de entrega-recepción y hasta qué nivel termina.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado para su estudio y resolución correspondiente.
Iniciativa de la diputada Daniela Mier Bañuelos para adicionar el artículo 292 Ter al Código Penal del Estado. Se busca sancionar el delito de cobranza ilegítima con penas de seis meses a dos años de prisión. Al igual, una multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA).
De acuerdo con la iniciativa de la diputada, comete el delito de cobranza ilegítima quien, con la intención de requerir el pago de una deuda, ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval. Además, que utilice medios ilícitos o efectúe actos de hostigamiento e intimidación. Se incrementará hasta en una mitad si para tal efecto se emplearon documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación procedente.
Iniciativa de la diputada Patricia Valencia Ávila para reformar el artículo 71 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. El fin es establecer que, para hacer efectivos los derechos previstos en el ordenamiento, los Poderes Públicos deberán, en su ámbito de competencia, ejercer acciones, para sensibilizar, concientizar y erradicar, en las personas servidoras públicas y en la población, en general, la discriminación, abuso y violencia hacia las personas con discapacidad.
La iniciativa se dirigió a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, para su estudio y resolución correspondiente.
Presentan punto de acuerdo en materia de seguridad pública
Asimismo, la Mesa Directiva dio cuenta del punto de acuerdo de la diputada Xel Arianna Hernández García. Exhortó a los 217 ayuntamiento para que lograr la correspondiente actualización, utilización y capacitación del cuerpo de seguridad pública municipal. Esto, con el fin de lograr el debido cumplimiento y ejecución del “Protocolo de actuación para casos de bloqueo carretero”.
El punto de acuerdo fue enviado a la Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales, para su análisis y dictaminación procedente.
