El primer foro para la divulgación sobre la Ley del Ciberasedio en el Congreso de Puebla dividió opiniones de la ciudadanía y funcionarios públicos.
Este jueves asistieron diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios. También se dieron cita miembros de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial.
Luis Enrique Sánchez Díaz criticó que la reforma sobre el ciberasedio es imprecisa y no cumple con principios básicos de claridad. Consideró que coloca al “Estado como juez moral de la conversación digital”.
Flavio Alberto Carro, abogado de la primera denuncia por ciberasedio agradeció a la Fiscalía General por la atención al interponer la denuncia y al Poder Judicial local por la próxima judicialización de la carpeta.
Gabriela Rosas, activista contra deudores alimentarios, explicó que esta reforma podría ser utilizada para criminalizar las denuncias públicas. Incluso ella fue denunciada por el padre de sus hijos, a quien no pagaba pensión alimenticia.
Alfredo Páez, exjefe de Atención y Prevención de Ciberdelitos, propuso que se reforme la ley en materia de ciberacoso. Detalló la importancia de que, por ejemplo, se debería tipificar el doxeo, que es revelar intencionalmente información personal.
Sara, estudiante de educación básica pidió educación digital para menores de edad, ante el aumento de usuarios de redes sociales en las escuelas.
Daniel Santín Barroeta, perito en ciberseguridad, consideró que el término “ciberasedio” no es el ideal, en cambio se tendría que fortalecer el término “ciberacoso”. Pidió que con apoyo de la SEP se trabaje en una estrategia estatal de ciberseguridad.
El IFT, organismos internacionales como la Unesco usan ciberacoso, el ciberasedio y el ciberacoso son cosas diferentes, en el área internacional se usa el término ciberasedio, pero tiene que ver más con temas de guerras digitales, guerras cibernéticas”, explicó.
Poder Judicial y FGE, a favor de la Ley contra el Ciberasedio en el primer foro
Gabriel de Haro, integrante de la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que del 1 de enero de 2024 al 15 de junio de 2025, se han iniciado mil 531 carpetas de investigación por ciberacoso. Sin embargo, pero con la reforma en ciberseguridad la fiscalía puede respaldar sus investigaciones.
Juan Carlos Pérez Vallejo, director general de Servicios Técnicos y Policía de la Policía Cibernética consideró que era necesario legislar sobre ciberdelitos.
Detalló que de enero a mayo de 2024 hubo 736 personas afectadas por ciberacoso, de las cuales el 94.6% se tipificarían como ciberasedio.
Viridiana Rodríguez, de la colectiva Mal Habladas, explicó que víctimas de violencia recurren a denuncias públicas ante la ineficacia de las instituciones. Por ello, cuestionó si ellas serán perseguidas con esta reforma.
Detalló que una universitaria denunció públicamente sufrir acoso y su agresor dio aviso a las autoridades de su universidad que era ciberasediado. También señaló que la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez no estaba presente en la sala.
Jorge Machuca consideró que la reforma sobre ciberdelitos transgredió el artículo 121 constitucional al regular delitos que “no tienen fronteras”, es decir, que debían regularse en lo federal.
María Teresa Cruz Corona estuvo a favor de la reforma porque protege a las infancias, pero consideró que hacen falta protocolos para la actuación ante la violencia en las escuelas para la cual se utilizan, por ejemplo, canales de WhatsApp.
María Guadalupe Muñoz, jueza penal consideró que castigar el ciberasedio se determinará por las pruebas sólidas que aporten. Explicó que no se pueden definir cuántas pruebas serían consideradas como un asedio con “reiteración”: “una conducta no va a impactar a las personas con la misma magnitud”. “Créanme que al tener contacto con un hecho que tiene naturaleza penal, en su gran mayoría se ejecuta a través de los medios tecnológicos y si no se empieza a regular esta conducta vamos a generar un entorno de impunidad”, dijo.
