Difamación, una nueva forma de violencia política de género en Puebla

En su última sesión de este periodo, el Congreso local aprobó una reforma importantísima para que la difamación sea considerada como violencia política de género en Puebla. La iniciativa fue de la diputada local, Aurora Sierra.

Se resume digamos en el tema de la difamación, pero no es lo único importante. También aumenta la clasificación de las mujeres en cargos de poder, pues señala que aplica para cualquiera que ejerza un “cargo político, público o de poder de decisión”.

Y es que no solo las aspirantes a candidatas, candidatas, funcionarias o servidoras públicas ejercen la política.

Esta iniciativa reforma la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado. Se aprobó justo a tiempo para que aplique en el proceso electoral del 2024.

Con ella será sancionado quien menoscabe a una mujer por “sus vínculos de pareja o expareja por cualquier medio físico o virtual, con el objetivo de denostar su autonomía, negarle su individualidad y personalidad propia, o mostrar dependencia, inferioridad o subordinación”.

Y es que las mujeres somos más propensas a ser minimizadas en nuestro desarrollo personal y profesional por la relación que podamos tener con cualquier hombre poderoso.

También, son las principales víctimas de campañas de difamación durante los procesos electorales.

Otro punto que ha llamado mi atención sobre esta reforma, es que se contempla como violentadores a exparejas, familiares y amigos que divulguen información personal de una mujer.

Divulgar hechos falsos, información que se conoce con motivo de la relación de pareja, familiar o de amistad con cualquier otro acto”.

Además, se aumenta dentro de la violencia política la divulgación de hechos falsos.

 Esta reforma será importantísima para el siguiente proceso electoral, pues queda mucho más protegida la participación de las mujeres.

Hay que recordar que la violencia política se sanciona con cursos de género, disculpas públicas y quedan inhabilitados por hasta cinco años para ocupar cargos públicos.