El primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica volvió a prisión. Así lo confirmó Andrea Lezama, la víctima, quien celebró que las autoridades rectificaran una decisión judicial que ponía en riesgo su seguridad y la de su hijo.
Andrea también reconoció la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE). Especialmente de la agente del Ministerio Público Diana Gómez González, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia.
Su debida diligencia, compromiso y respeto hacia las víctimas fueron clave durante este proceso”.
La mujer informó que en la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el día de ayer, la jueza determinó volver a imponer prisión preventiva justificada a Ricardo N., su agresor.
Jueza de Puebla había liberado al primer agresor vicario vinculado en Latinoamérica, pero ya regresó a prisión
El pasado 31 de octubre, Ricardo fue liberado pese a que en la audiencia se reconoció el riesgo de que pudiera sustraer nuevamente a su hijo.
La jueza Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial de Puebla, sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario. Dicha decisión que causó indignación entre colectivas y familiares.
De acuerdo con activistas, la jueza incurrió en contradicciones: primero dijo que no existía riesgo y luego aceptó que sí persistía.
Además, resolvió sin una evaluación actualizada ni garantías de protección hacia Andrea y su hijo.
Otro punto que generó inconformidad fue que Ricardo permanecería en casa de sus padres, las mismas personas que, según antecedentes del caso, ocultaron su paradero y el del menor durante años.
También se descartó colocarle un brazalete electrónico, con el argumento de que no tenía recursos económicos para pagarlo.
Andrea es el rostro de la lucha contra la violencia vicaria
El caso de Andrea Lezama marcó un precedente. En octubre de 2022, Puebla se convirtió en el primer estado de México y de Latinoamérica en vincular a proceso a un hombre por violencia vicaria.
Lo anterior al comprobarse que Ricardo sustrajo a su hijo y lo mantuvo lejos de su madre durante seis años para dañarla.
Andrea, hoy vicepresidenta de Cam Cai, denunció la revictimización y falta de apoyo por parte de autoridades de Puebla y Baja California Sur, donde el agresor ocultó al menor.
La colectiva exigió que el Poder Judicial de Puebla garantice la seguridad de madre e hijo y asuma su responsabilidad frente a las víctimas.
Desde 2022, la violencia vicaria está tipificada como delito en Puebla. Las penas alcanzan hasta 10 años y 8 meses de cárcel y multas de hasta 25 mil pesos.
