Ricardo N., el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en Latinoamérica, fue liberado por orden judicial, pese a que se reconoció el riesgo de que pueda sustraer nuevamente a su hijo en el estado de Puebla.
La jueza de control Alejandra Román Pérez del Poder Judicial de Puebla determinó cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario. Esto, pese a que en la misma audiencia admitió que sí existe peligro de fuga.
Esta resolución, señalan activistas y familiares, pone en riesgo la seguridad de la víctima, Andrea Lezama, y de su hijo menor de edad.
A decir de los inconformes, durante la audiencia, la jueza incurrió en contradicciones.
Los argumentos para liberar al primer vinculado proceso por violencia vicaria
Primero argumentó que no había riesgo alguno y después reconoció que sí persistía. Además, tomó la decisión sin una evaluación reciente de riesgo ni garantías de protección hacia la madre y el menor.
Otro punto que causa preocupación es que Ricardo vivirá en casa de sus padres. Son las mismas personas que en etapas anteriores ocultaron su paradero y el del menor, según los antecedentes del caso.
También se resolvió que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal vigilen al imputado las 24 horas. Y se rechazó colocarle un brazalete electrónico, bajo el argumento de que el agresor no tiene recursos para costearlo.
Es un retroceso para un estado que había sido referente internacional en el reconocimiento de la violencia vicaria”, señaló la Colectiva Cam Cai, a la que pertenece Andrea Lezama.
Andrea Lezama, el rostro de la lucha contra la violencia vicaria
El caso de Andrea Lezama Bonilla marcó un precedente histórico. En octubre de 2022, Puebla se convirtió en el primer estado de México y de Latinoamérica en vincular a proceso a un sujeto por violencia vicaria.
Lo anterior al comprobarse que Ricardo sustrajo a su hijo y lo mantuvo lejos de su madre durante seis años para causarle daño.
Andrea, quien es vicepresidenta de la colectiva Cam Cai, denunció en su momento la indiferencia y revictimización de las autoridades tanto de Puebla como de Baja California Sur, donde el agresor ocultó al menor con apoyo de su familia.
Si fueron capaces de lastimar a mi hijo, pueden ser capaces de hacer cualquier cosa”, declaró Andrea, al exigir medidas de protección y justicia para ambos.
Pese a la vinculación a proceso, el cambio de medidas cautelares de Ricardo N., representa un golpe al avance logrado.
Y es que desde que en 2022 Puebla tipificó la violencia vicaria como delito. Se sanciona con hasta 10 años y 8 meses de cárcel y multas de hasta 25 mil pesos.
La colectiva exigió que el Poder Judicial reconsidere la medida, garantice la integridad del menor y de su mamá y asuma su responsabilidad institucional frente a las víctimas.
