Ya hay órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios que permitieron la construcción del “pueblito” con 104 cuartos privados y de lujo en San Miguel.
Así lo reveló este 16 de febrero en conferencia de prensa el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal. Sin embargo, no dijo quiénes son los acusados y qué delito se le atribuye: “si me permites no lo digo, para que podamos traerlos a todos”, dijo.
El “pueblito” fue demolido en su totalidad en julio de 2022. Contaba con restaurantes, farmacia, tienda de abarrotes, locales de venta de ropa y zapatos, baños, ferretería y estéticas. Incluso dos quioscos y dos gimnasios. Ahí se realizaban encuentros íntimos y privados.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que “para quienes permitieron su operación en administraciones pasadas”, las ganancias estimadas fueron en, al menos, 3 millones de pesos semanales.
El entonces gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ordenó al actual secretario de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, su demolición. Los trabajos concluyeron el 13 de julio del año pasado y todo quedo registrado ante una notaría pública que dio fe de las actividades.
Titulares de la SSP mintieron y permitieron funcionamiento del “pueblito” de San Miguel
Entre los involucrados estarían los anteriores titulares de la SSP: Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, Raciel López Salazar y Rogelio López Maya.
El 1 de julio de 2022, Barbosa Huerta declaró en conferencia de prensa que sus ex secretarios de Seguridad Pública le mintieron y ocultaron la verdadera cifra de los cuartos privados que existían en el centro penitenciario.
Él ya les había pedido la demolición de estos espacios, pero nunca lo hicieron. Los exdirectores del penal de San Miguel también estaban coludidos.
Todo esto salió a la luz después del caso del bebé Tadeo, cuyo cuerpo fue localizado al interior del penal de San Miguel. Esto le costó el cargo a Rogelio López Maya y desde entonces Cruz Luna está al frente de la SSP.
