El pasado 30 de mayo detuvieron a José Raúl Pérez García, quien recientemente fue nombrado director de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Puebla. Sin embargo, horas después recuperó su libertad.
Pérez García llegó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla con el nuevo titular, Enrique Rivera Reyes.
Su aseguramiento ocurrió en las instalaciones del organismo, ubicadas en la colonia Ladrillera de Benítez de la capital poblana y estuvo a cargo de la Policía Ministerial de Investigación.
Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la diligencia se realizó a las 20:52 horas del viernes 30 de mayo.
Los agentes lo pusieron a disposición del Ministerio Público, en las instalaciones de la FGE que se encuentran sobre el bulevar 5 de Mayo.
José Raúl fue descrito en el informe oficial como una persona de tez blanca, barba de candado y complexión media. Al momento de su aprehensión vestía camisa verde y pantalón de mezclilla.
El motivo de la detención fue por el delito de abandono de funciones, cometido durante su gestión en la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
Aunque la noticia de su captura comenzó a circular este lunes 2 de junio, fuentes cercanas a José Raúl informaron que ya recuperó su libertad.
No obstante, se desconoce bajo qué condiciones.
Según su perfil en la red profesional LinkedIn, Pérez García ocupa desde octubre de 2023 el cargo de Coordinador de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz.
Este estatus no ha cambiado en esa plataforma.
Previamente, trabajó por casi una década, de octubre de 2013 a julio de 2023, como asesor forense en el Comité Internacional de la Cruz Roja.
¿El abandono de funciones es un delito grave?
El abandono de funciones ocurre cuando un servidor público deja de cumplir, sin justificación, las responsabilidades y deberes propios de su cargo.
Este incumplimiento, según lo estipula la ley, daña la confianza pública. Además, puede entorpecer procesos administrativos, afectar derechos de terceros y poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones.
Dependiendo de la gravedad y las consecuencias generadas, las sanciones pueden incluir multas, inhabilitación para desempeñar cargos públicos e incluso prisión.
