Sebastián Orozco, el presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es un deudor alimentario. Así lo señaló en redes sociales Raquel, la madre de su hija menor de edad.
El político se presenta como Sebastián Orozco, pero su nombre completo es Sebastián Hernández Orozco.
Fue el pasado 15 de mayo cuando la expareja del político comenzó a exhibirlo en redes sociales. Entre otras cosas, dijo que no cumple con la pensión alimenticia y sostiene relaciones con varias mujeres, aunque legalmente siguen casados.
Enseguida recibió muestras de apoyo y solidaridad. Incluso otra mujer advirtió que Sebastián Orozco “no es lo que aparenta ser y le gusta amedrentar a las mujeres”. Por ello, solicitaron al Comité Directivo Estatal Del PRI Puebla revisar su situación legal.
En las publicaciones más recientes, Raquel dijo que además de ser un deudor alimentario, el priista tiene denuncias por amenazas, violencia de género y daño en propiedad ajena: “se sigue paseando por los pasillos de su partido (…) pero en realidad es un acosador mentiroso”.
Ambas Manos buscó a Raquel para una entrevista, pero hasta la publicación de esta nota no había respuesta.
A finales de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la Ley 3 de 3 para que violentadores y deudores alimentarios no ocupen cargos públicos en las próximas elecciones de 2024.
En Puebla, la diputada Nora Merino Escamilla del Partido del Trabajo (PT) también propuso la Ley 3 de 3 en el Congreso. Además, los diputados de Morena presentaron una iniciativa de reforma para que violentadores no puedan registrarse como candidatos a un cargo de elección popular.
Si Sebastián Orozco es deudor alimenticio, no podrá ocupar cargo público
El 19 de mayo, el pleno del Congreso de Puebla aprobó la Ley 3 de 3 para que ningún violentador o deudor alimentario acceda al poder.
Además, desde el 8 de mayo entró en vigor el registro de deudores alimentarios en México. Todas las personas inscritas en esta base de datos no podrán tramitar documentos como licencias de manejo o pasaportes. Tampoco podrán aspirar a cargos de elección popular ni realizar trámites ante notario público.
