Diputados de Morena arremetieron contra el presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN Puebla, Jesús Zaldívar, por decirse perseguido político del gobierno de Sergio Salomón Céspedes.
Decir que Zaldívar es perseguido del gobierno de Sergio Salomón es un argumento muy absurdo, es un total despropósito. Para mí, lo que refleja es un sentimiento de culpa, porque cuando se tiene la conciencia tranquila no hay necesidad de andarse victimizando”, dijo el diputado Iván Herrera.
En conferencia de prensa, integrantes de la bancada morenista aclararon que “la ley no puede estar a contentillo”. Además, es de dominio público que desde 2021 la Fiscalía General del Estado (FGE) lo comenzó a investigar por desvió de recursos públicos, abuso de poder, usurpación de funciones y peculado. No se trata de una investigación reciente, aclararon.
La investigación se inició tras una denuncia presentada en su contra. Lo acusaron de presuntamente no ejercer debidamente 35 millones de pesos. Se trata de una bolsa destinada a la contratación de obras, compras de equipo educativo y adquisición de uniformes cuando estuvo al frente del Conalep.
Los diputados de Morena le pidieron estar tranquilo porque los tiempos de los perseguidos políticos ya quedaron atrás. Esto, al recordar que vivieron durante el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
También, si no hubo alguna anomalía durante su gestión, podrá demostrar la ejecución de las obras sin problema alguno.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Iván Herrera, Tonantzin Fernández, Yolanda Gómez, Lupita Yanak y Roberto Bautista. Estuvieron acompañados por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Olga Romero.
Iván Herrera finalizó su participación pidiendo que Jesús Zaldívar deje su cargo, a fin de que las autoridades determinen su situación legal.
Jesús Zaldívar, imputado por abuso de autoridad
Precisamente ayer, Jesús Zaldívar tuvo su primera audiencia. El acto jurídico duró nueve horas y se desarrolló en la Casa de Justicia de Puebla. El Ministerio Público le imputó el delito de abuso de autoridad y falsificación de documentos. Además, presentó los datos de prueba en su contra para lograr vincularlo a proceso, pero la defensa del líder partidista se acogió a la duplicidad del término constitucional.
En una segunda audiencia se definirá si es sometido a una investigación, o no. Mientras, como medida cautelar se le impuso la firma periódica y la prohibición de acercarse a testigos.
