La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla incluya de manera obligatoria intérpretes para personas indígenas o con discapacidad auditiva.
Durante la sesión de este 18 de febrero, las y los diputados de esta comisión avalaron la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía. Así, buscan garantizar igualdad en procesos de presentación de denuncias.
Esto surge después de que una joven de origen indígena no pudo concretar su denuncia por abuso sexual en Huauchinango. Y es que el Ministerio Público no tenía algún traductor o interprete.
El acuerdo establece que la dependencia pueda incluir la facultad para celebrar acuerdos y convenios con instituciones públicas y privadas para incluir interpretes que faciliten los procesos.
También traductores que ayuden a imputados, ofendidos, victimas y denunciantes que pertenezcan a pueblos originarios, comunidades indígenas o tengan alguna discapacidad auditiva.
De esta forma, se garantizaría que, en ministerios públicos de Puebla, especialmente los que están en comunidades alejadas de la capital, cuenten con los mecanismos para denunciar.
La reforma al artículo octavo de la ley señala que la FGE tendrá que incluir en sus áreas receptoras de denuncias a personas preparadas para evitar casos como el de Huauchinango.
Fiscalía de Puebla deberá incluir intérpretes
El área jurídica del Congreso de Puebla señaló que la Fiscalía deberá incluir intérpretes y traductores. El fin es ayudar a personas en condiciones de vulnerabilidad a presentar su denuncia.
La reforma quedaría de la siguiente forma:
Se da facultad para celebrar acuerdos para garantizar a imputados, ofendidos, victimas y denunciantes de pueblos y comunidades indígenas, así como con discapacidad auditiva para que tengan intérpretes y traductores”, señalan.
El pasado 24 de noviembre del 2025, se reportó que una niña indígena de Huauchinango acudió a presentar una denuncia por abuso sexual. Pero no concretó el proceso a falta de un traductor.
Ante esto, la FGE respondió que buscaría reforzar su personal para que cuente con personas que hablen lenguas originarias e indígenas. Así podrán ayudarles a formalizar sus denuncias.
