Con un nivel “medio bajo”, Puebla se colocó como el estado nueve con menos competitividad, pero mejoró cuatro posiciones en un año.
Así lo indicó el Índice de Competitividad Estatal 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Se trata de un diagnóstico que refleja las condiciones de cada entidad para facilitar la toma de decisiones de política pública basadas en evidencia que les permita capitalizar la implementación del Plan México.
La edición 2025 analiza el desempeño de las 32 entidades a partir de 53 indicadores agrupados en seis subíndices. A su vez, estos miden la capacidad estructural de cada estado para generar, atraer y retener talento e inversión.
Así, en Puebla, los resultados fueron los siguientes. En cuatro subíndices, Puebla obtuvo niveles “medio bajo” y, posiciones desalentadoras. Se trata de “sociedad y medio ambiente” en el lugar 27, “derecho” en el peldaño 22, “infraestructura” en 21 y “mercado de trabajo” en 18.
Los mejores resultados que logró Puebla fueron en “sistema político y gobiernos” en el lugar 8 e “innovación y economía” en 12. Sin embargo, en ambos el nivel fue “medio alto”, que está por arriba de “medio bajo”.
Aun así, Puebla logró avanzar cuatro escaños en comparación con el índice de 2024, cuando se fue a quinta peor posición.
Puebla sigue en el top 10 con menos competitividad; estas son sus fortalezas
Por regiones, el IMCO colocó a Puebla, Guerrero, Morelos y Tlaxcala en centro. Su fortaleza es el consumo energético eficiente y poca brecha de informalidad entre hombre y mujeres.
Mientras, sus desafíos son la baja diversificación económica, delitos de alto impacto y bajo grado de escolaridad.
En este contexto, recordó que el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presenta una oportunidad de desarrollo económico para las entidades del país. Ante un entorno global convulso, donde las reglas del comercio internacional están siendo cuestionadas, México debe aprovechar su posición geográfica y su acceso al mercado estadounidense para detonar mayores niveles de bienestar para sus ciudadanos.
Entonces, las entidades deben promover un ambiente propicio para la inversión pública y privada. Ello requiere apostar por la innovación, el despliegue de infraestructura de calidad y un mercado de trabajo competitivo, entre otros precursores.
