Tras su detención, dictaron prisión preventiva a José Ascencio Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, por el caso del Rancho Izaguirre.
Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde Palacio Nacional, el fiscal informó que “está en procedimiento la audiencia correspondiente”. Y en esta primera parte “le decretaron la formal prisión”.
El alcalde pidió una prórroga y el día de mañana 9 de mayo se continuará la sesión para “demostrar con todas las pruebas cuáles son los criterios de responsabilidad en el caso”.
Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre las investigaciones que giran en torno al caso.
#LoÚltimo 🔴El fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se dictó formal prisión a José Ascencio Murguía Santiago, alcalde de #Teuchitlán por el caso del Rancho Izaguirre. #AmbasManos pic.twitter.com/5YopvYaabg
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) May 8, 2025
Dictan formal prisión al alcalde de Teuchitlán por el caso del Rancho Izaguirre
El pasado 3 de mayo, autoridades federales detuvieron al presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, por lo sucedido en el Rancho Izaguirre.
En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Su arresto se confirmó al aparecer en el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Después de ser detenido por una orden de aprehensión librada en su contra fue trasladado a la Ciudad de México.
Al alcalde lo señalan por sus presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Murguía Santiago asumió la presidencia municipal de Teuchitlán en 2021, el mismo año en que supuestamente comenzó a funcionar el campo de adiestramiento.
Gertz Manero aseguró que, desde dicha fecha, las autoridades de Jalisco tenían conocimiento de lo que ocurría en el rancho. Sin embargo, no hicieron nada al respecto.
Además, en septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco tomó la propiedad, pero descuidó la vigilancia. Por ello, un grupo de madres buscadoras ingresó en marzo de este año.
