El gobernador Alejandro Armenta aseveró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) podría revertir las sentencias de pago por contratos de obras inexistentes. Ello luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que sí se pueden revisar las sentencias firmes en juicios fraudulentos.

El mandatario destacó que lo anunciado por la SCJN podría anular las indemnizaciones ordenadas en nueve casos que afectarían severamente al erario público. El planteamiento de la ministra Lenia Batres podría evitar el pago a Melgarejo Construcciones por la cancelación de la obra del Libramiento Poniente.

Y la magistrada Batres dio a conocer este resolutivo donde contratos sentenciados en firme que observen vicios recurrentes que generen un daño al erario, pueden ser revisados y abiertos. O sea, que es un seguro de protección para los casos”.

Durante su conferencia de prensa, el mandatario acusó que funcionarios de administraciones anteriores cometieron actos de asociación delictuosa. Ello debido a que se habrían confabulado con empresarios para saquear al erario público mediante sobrecostos, ampliaciones de obra y trabajos complementarios.

El titular del Ejecutivo estatal aseveró que magistrados y jueces recibieron “moches” para avalar el pago de contratos por obras que no se hicieron. Se trata de un modus operandi que se repitió 20 años en Puebla, según dijo, y que concluyó en obligaciones que suman 2 mil millones de pesos (mdp).

SCJN podría revertir sentencias de pago por contratos de obras inexistentes: Armenta

Armenta aclaró que con sentencia firme, existen nueve contratos que se remontan incluso hasta 1998, desde la administración de Manuel Bartlett. Otros serían más recientes como los que comentó el coordinador José Luis García Parra, quien mencionó que hay litigios con Algani Internacional, Grupo Hylsa y Melgarejo.

Fueron pateando hasta que el caso ya queda firme por complicidades. Pero lo que no calcularon estos delincuentes es que la SCJN iba a cambiar”.

En este orden de ideas, el mandatario afirmó que dentro de estos “contratos leoninos” también están las concesiones otorgadas en el pasado. Ello incluye las del sistema RUTA y Agua de Puebla, mismas que actualmente no pueden ser canceladas sin que ello implique un costo altísimo para el gobierno.

Pero todo ello podría cambiar, según dijo Armenta, con la nueva conformación del Poder Judicial federal. Ahora sería posible revisar estos casos para evitar un mayor perjuicio al erario público, lo que representa una advertencia para estos empresarios, sentenció.

No obstante, el mandatario prefirió guardarse los detalles con respecto a si ya se está tramitando la nulidad de estos juicios ante el PJF. Según dijo en la conferencia, se espera que se den a conocer próximamente.

Plaza San diego
Diego Ramírez Azóca

Diego Ramírez Azócar

Estudiante de Ciencias de la Comunicación en la BUAP. Reportero desde 2023 en las fuentes de gobierno, ayuntamientos y nota roja. Trabajó en E-consulta y Tráfico Puebla.