El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló que Puebla adeuda 3 mil millones de pesos por fallos del Poder Judicial Federal en beneficio de empresarios, pese a que nunca concluyeron las obras.
En la mañanera de este 15 de septiembre el mandatario recriminó que la anterior administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya favorecido a pseudo empresarios.
Y es que el Gobierno de Puebla debe pagar 3 mil millones de pesos por litigios que perdió contra empresas. Los procesos comenzaron por el reclamo de obras adicionales que supuestamente se realizaron, pero no estaban contempladas en un inicio.
Armenta Mier acusó que algunos casos siguen en proceso, pero otros se perdieron por la corrupción y complicidad de abogados y funcionarios con empresarios.
Armenta ya dio detalles a la SCJN sobre adeudos por acuerdos entre empresarios y funcionarios del Poder Judicial de Puebla
Tras la elección del Poder Judicial, el gobernador de Puebla entregó al nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz los detalles sobre la deuda millonaria por acuerdos del Poder Judicial.
Añadió que uno de estos dictámenes está relacionado a obras inexistentes en el Hospital del Niño Poblano, caso que la revisa la Consejería Jurídica.
El mandatario cuestionó por qué se debe pagar por obras que no existen, derivado de fallos corruptos por parte de las autoridades judiciales federales.
También hizo un llamado a los empresarios que iniciaron esos litigios, para que corrijan sus acciones que solamente buscan afectar el patrimonio de Puebla.
Dentro de estos casos estaría el de Melgarejo Construcciones, empresa que tiene un litigio vigente y reclama el pago de una obra que no llevó a cabo.
La compañía debía realizar la obra del Libramiento Poniente de Puebla en 2008, pero durante varios años no realizó ninguna acción de infraestructura.
Entonces el contrato fue cancelado y se lo dieron a Pinfra, que actualmente es el concesionario de esta autopista.
Aún así, hace dos años la SCJN determinó que el Gobierno Estatal debía pagar una indemnización de 600 millones de pesos. La batalla legal por este caso aún continúa.
