A principios de 2026, el gobierno de Alejandro Armenta contrató una auditoría externa contra la empresa Agua de Puebla, concesionaria del servicio en la ciudad.
A través del Soapap, la administración estatal acordó contratar tres servicios profesionales para supervisar el trabajo de Concesiones Integrales. Durante la primera sesión ordinaria del Consejo Directivo, realizada el 30 de enero, se solicitó autorización para llevar a cabo esta acción.
Posteriormente, en la tercera sesión ordinaria del 31 de marzo, se acordó ampliar la revisión hasta el 12 de junio de este año. Ello implicó que el costo total de esta auditoría se incrementó de 16.4 millones a 19 millones 286 mil pesos.
El propósito de esta revisión es verificar el cumplimiento de los niveles, estándares de desempeño, verificar y validar las inversiones de Agua de Puebla.
También, para analizar sus ingresos y que realmente se cumple el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica.
Por unanimidad de votos, que se lleve a cabo la contratación de los servicios de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones de Concesiones Integrales, S.A. de C.V., conferidas en el Título de Concesión (…) Se deberá presentar la justificación respectiva ante la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado”.
¿Por qué el gobierno de Armenta contrató una auditoría externa contra Agua de Puebla?
Los tres servicios profesionales contratados están enfocados en los siguiente:
- Supervisión de niveles y estándares de desempeño bajo los cuales debe prestar los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales. Todo con un costo de 8 millones 297 mil pesos;
- Validación de los montos de las acciones reportadas como inversión, así como del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hidráulica. El costo fue de 7 millones 799 mil pesos.
- Supervisión de los ingresos totales de la concesionaria entre el 1 de octubre de 2022 y 31 de diciembre de 2025, donde la contraprestación debió ser del 5% con un costo de 3 millones 190 mil pesos.
El argumento para contratar estos servicios es que el Soapap, que encabeza Josefina Morales Guerrero, carece de suficiente personal y recursos para esto. Por ello, está obligado a contratar despachos externos desde que se privatizó el servicio de agua en Puebla en 2013.
Para fortalecer la capacidad de análisis del Soapap, la directiva de la que forma parte el gobernador Armenta autorizó contratar a cuatro analistas eventuales. Ellos participarán en las actividades de supervisión y análisis integral del cumplimiento de las obligaciones de Concesiones Integrales.
¿Qué resultados arrojó esa auditoría?
Parte de lo que arrojó esta auditoría ya es del conocimiento público, pues el pasado 7 de abril, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, lo reveló.
Durante una rueda de prensa en Ciudad de México, explicó que detectaron anomalías y se elaboró un diagnóstico que se está utilizando para negociar con Agua de Puebla. Ello, durante las mesas de trabajo que se están llevando a cabo con la empresa.
El análisis arrojó que la empresa no cumplió con su plan de inversiones y manipuló sus estándares de desempeño. Y de acuerdo con la directora Morales Guerrero, la empresa no ha comprobado inversiones por 300 millones de pesos que debió realizar entre 2022 y 2024.
Pero el coordinador explicó que más allá de impulsar un litigio o denunciar los incumplimientos de la empresa, lo que se busca es que los poblanos reciban un mejor servicio.
Ya detectamos incumplimiento en el plan de inversión, desvío de estándares de desempeño, incumplimiento también en el tercer convenio modificatorio que signamos el año pasado y, además, incumplimientos generales administrativos”.
