El coordinador de gabinete, José Luis García Parra, reveló que el gobierno de Puebla enfrenta 89 demandas de empresas a las que no se pagó lo exigido. Los montos de estos litigios ascienden a un total de 5 mil 495.4 millones de pesos (mdp), sin contar las actualizaciones.
Así lo dio a conocer en rueda de prensa desde la Ciudad de México, donde reveló que de esta cantidad, 29 litigios ya tienen sentencias firmes de pago. Las cantidades que se tendrían que pagar ascienden a 1 mil 576.1 mdp, sin incluir las actualizaciones que la elevarían a 3 mil mdp.
Ahora bien, si se consideran sólo los nueve principales casos, estos suman 4 mil 651.2 mdp tomando en cuenta las actualizaciones. De estos nueve litigios de mayor peso, tres ya tienen sentencia firme de los tribunales y suman un total de mil 213.5 mdp.
Aunque no los especificó, se presume que uno de estos es el adeudo que reclama Melgarejo Construcciones por la cancelación del Libramiento Poniente. Dicha empresa reclama 640 mdp que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le adjudicó en 2024.
Dentro de estos, Garcia Parra explicó que detectaron cuatro casos donde existió un modus operandi que implicó el cobro de ampliaciones de obra. Se trata de cuatro contratos suscritos entre 2014 y 2015, en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, por montos que suman 854 mdp actualizados.
Hay un modus operandi de este tipo de empresas, porque más allá de qué contratos, qué demandas tenemos, es analizar cómo se dieron las cosas, quién lo permitió. Porque hubo servidores públicos que se prestaron a esto y fueron parte del negocio”.
¿Cuánto dinero reclaman las empresas que demandaron al gobierno de Puebla?
En su diapositiva se explica que los montos originales de estos contratos eran por el orden de 276.9, 39.8, 51.4 y 23.7 mdp. En el caso del primero, podría tratarse de la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Modelo, en San José Chiapa.
Según dijo el coordinador, el modus operandi consistía en la autorización de ampliaciones de obra que no serían lícitas. Ello debido a que los contratos a precio alzado, como los mencionados, no pueden modificarse de ninguna manera.
De manera llamativa, estas demandas no fueron presentadas en Puebla, sino en Nuevo León, donde actualmente se están litigando. En la entidad regiomontana presuntamente hubo una colusión entre jueces y empresarios para dar continuidad a estos juicios, acusó.
Aunque prescriban los delitos, los casos deben investigarse: García Parra
Pero más allá de las demandas y los montos, el coordinador de gabinete consideró que lo más relevante es establecer qué fue lo que pasó. Aunque muchos de los posibles delitos cometidos por funcionarios, jueces y empresarios ya hayan prescrito, se deben investigar y denunciar, dijo.
García Parra indicó que ya se están integrando las carpetas de investigación que se presentarán a la Fiscalía General del Estado (FGE). Incluso si ya no es posible judicializarlas, todavía se pueden establecer sanciones para inhabilitar a los responsables y que no ocupen cargos públicos.
Para esto, invitó también a la ciudadanía poblana a que hagan sus denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Ello con el objetivo de inhibir estas prácticas.
