El Centro Prodh realizó una investigación sobre el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) a diez años de su creación. Estos son los hallazgos en Puebla respecto a víctimas de delitos, de violación a derechos humanos y las medidas que se les proporcionaron.
Los datos se compartieron en la investigación “De la esperanza a la decepción. Una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”. Para este análisis se solicitó información a las comisiones estatales (CEAV).
En 2024, en Puebla el total de victimas inscritas en el registro estatal fue de mil 236, de las cuales mil 227 fueron víctimas de delitos. Mientras que nueve correspondieron a personas que acusaron violación de sus derechos humanos.
El documento detalló que el fondo estatal en Puebla de apoyo a víctimas de delitos y violación a derechos humanos fue de 21 millones 686 mil 824 pesos para 2024.
Respecto a 2022, se señaló que en Puebla las medidas cautelares que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) otorgó a los inscritos fue de reparación integral, individual y colectiva.
En el caso de reparación integral se dieron tres medidas de rehabilitación y tres de compensación. Además de que se registraron 45 víctimas con plan de reparación individual.
Panorama nacional de víctimas de delitos y de violación a derechos humanos inscritos en el SNAV
A nivel nacional, el Centro Prodh criticó que a 10 años de su creación, en 2015, lo que parecía en su momento un parteaguas en atención a víctimas con el paso del tiempo se quedó sin avances, ni garantías.
Después de casi 9 años de la adopción de la Ley de Víctimas, sus resultados han sido muy criticados (…) a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubre sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas”.
El 1 de julio de 2025, en Puebla ocurrió la detención del activista Renato Romero Camacho, opositor a Granjas Carroll. Lo acusaron por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena, derivados de los disturbios registrados en San Miguel Xoxtla. El 7 de ese mes lo exoneraron.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, informó que recibió una queja telefónica por parte de la esposa de Renato Romero.
El activista acusó que, durante su arresto, lo interceptaron agentes ministeriales a bordo de dos vehículos. Los hombres lo habrían sometido con violencia, provocándole lesiones en las rodillas y en los pies, ya que lo arrastraron.
Por lo que la CDH ya investiga la posible violación a derechos humanos.
