Con la liquidación del Museo Internacional del Barroco (MIB), el gobernador Alejandro Armenta Mier logró reducir la deuda en Puebla por las megaobras morenovallistas a 2 mil 558 millones de pesos a pagar hasta 2037.
Así lo reportó el Gobierno de Puebla en su informe del ejercicio del gasto de este 2025.
En junio pasado, la administración estatal anunció la liquidación del MIB, una obra construida en 2016 durante el sexenio de Rafael Moreno Valle. Bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), el panista pactó pagar esta obra de mil 742 mil 945 millones de pesos hasta mayo de 2039.
Sin embargo, queda por pagar la plataforma para la planta automotriz Audi en San José Chiapa (también APP) y el Centro Integral de Servicios (CIS) como Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS).
El primero costó 5 mil 79 millones 315 mil 613 pesos, es el más caro y la fecha de vencimiento es en noviembre de 2028.
Hasta el 30 de septiembre de 2025, la administración estatal pagó 3 mil 197 millones 948 mil pesos. Así, quedan pendientes mil 881 millones 365 mil pesos.
Mientras, el CIS, que está en Angelópolis, costó mil 372 millones 679 mil pesos, de los cuales ya se pagaron 677 millones 188 mil pesos.
Sigue la deuda por megaobras morenovallistas, pero gobierno busca saldar la del CIS
Cuando el Gobierno de Puebla liquidó la deuda del MIB, adelantó que buscará acuerdos para reducir la deuda del CIS.
También es importante recordar que, en 2012, Moreno Valle, fallecido en diciembre de 2018, comprometió por 50 años los recursos del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) en el fideicomiso de Evercore.
El fin era pagar sus megaproyectos, entre ellos el MIB, la plataforma de Audi y el CIS.
Con la liquidación del MIB, el gobierno ahorró 8 mil millones de pesos
Al liquidar el MIB de forma anticipada, el gobierno explicó que ahorraban 8 mil millones de pesos. En ese entonces el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra dijo que la obra se terminaría de pagar en 2039.
Al año se pagaban más de 520 millones de pesos por el MIB, lo que impedía destinar recursos para seguridad, salud, educación e infraestructura.
Desde el inicio del contrato, en 2016 y hasta mayo de este año el estado había pagado 3 mil 974 millones de pesos.
Mientras que la proyección de lo que se debía pagar desde junio de este año y hasta el 2039 superaba los 10 mil millones de pesos.
