La diputada Angélica Alvarado Juárez presentó una iniciativa para reforzar las penas contra quienes obliguen a otra persona a someterse a terapias de conversión en Puebla.
Durante la sesión del pasado 29 de enero, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) turnó al Poder Legislativo su propuesta de reforma al Código Penal del Estado.
Con esta busca endurecer las sanciones penales establecidas en el artículo 228 quarter que refiere la prohibición de las terapias o tratamientos para modificar orientaciones.
Aplicará para quien someta, coaccione u obligue a otra persona a realizar o recibir cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica para anular o modificar su orientación sexual.
Esto a través de procedimientos psicológicos, psiquiátricos, así como aquellos que empleen violencia física, moral y psicoemocional.
La sanción penal actual es de uno a tres años de prisión, así como una multa económica de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
La pena aumentaría de dos a seis años de prisión y una multa económica que iría desde mil a 2 mil unidades de medida y actualización.
Plantean agravantes por terapias de conversión en Puebla
La propuesta de la diputada del PT incluye una serie de agravantes para quienes resulten culpables de someter a una persona a terapias de conversión en Puebla.
En el caso de que el autor de esta conducta sea el padre, madre o tutor de la víctima se podrá imponer, en lugar de las penas, una amonestación conforme a la valoración del caso.
Pero en los siguiente supuestos, la pena podría aumentar hasta ya mitad:
- Cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o con alguna discapacidad
- Cuando haya una relación laboral, docente, médica, doméstica o de cualquier índole de subordinación con el autor
- Cuando el autor se valga de su función pública para cometer el delito
- Cuando se emplee violencia física, psicológica, sexual o moral contra la víctima
De esta manera, la pena aumentaría desde cuatro hasta 12 años de cárcel dependiendo al agravante del delito. Mientras que la multa alcanzaría las 4 mil UMAs.
Si el autor contara con algún cargo público, se le destituirá e inhabilitará por el mismo tiempo de la sanción penal impuesta por un juez.
