El diputado Miguel Trujillo, de la bancada de Morena, propuso que los hospitales den aviso al Ministerio Público (MP) cuando atienden embarazos de niñas y adolescentes en Puebla. Esto, para evitar la violencia sexual a la que las menores de edad podrían estar sujetas.
Se trata de una reforma a la Ley Estatal de Salud para adicionar el artículo 65 Bis, para notificar de inmediato y confidencialmente todo embarazo detectado en niñas.
La propuesta presentada al Congreso local busca que la ley en Puebla esté armonizada con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El nuevo artículo diría lo siguiente:
En todo embarazo detectado en niñas y adolescentes, las instituciones y prestadores de servicios de salud, públicos o privados, estarán obligados a notificar de inmediato y de manera confidencial al Ministerio Público”, señala la iniciativa.
Buscan que hospitales informen al MP de embarazos de niñas y adolescentes y activen protocolos de seguridad
Además, de notificar los hospitales al MP sobre embarazos de niñas y adolescentes se deberá informar a las demás autoridades que se consideren competentes en materia de procuración de justicia y protección de la infancia y adolescencia.
Lo anterior, para salvaguardar su integridad física, psicológica y social, así como tutelar la protección y desarrollo integral de las mismas. También podrán solicitar la activación de los protocolos previstos “en virtud de salvaguardar el interés superior de la niñez”.
El diputado destacó que de acuerdo al INEGI, en 2023 se reportaron 101 mil 147 nacimientos en madres de 10 a 17 años. Este fenómeno se reportó a mayor escala en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
De la cifra anterior, 6 mil 798 nacimientos se registraron en madres de 10 a los 14 años, generalmente ocurren en contextos de violencia sexual, física o psicológica.
Durante 2023, además Puebla registró 430 partos en menores de 15 años, de los cuales 82 ocurrieron en Puebla capital, seguida de Tehuacán y Quecholac.
En su propuesta el diputado explicó que la NOM-046 establece la pauta de actuación clínica y la referencia interinstitucional ante violencia sexual.
En ella señala que, en menores de 15 años, la valoración por posible violencia es obligatoria y la canalización debe ser expedita. Consideró que su propuesta dará coherencia a la norma sobre la práctica clínica y la ley en Puebla.
