El Congreso de Puebla aprobó tipificar como delito la cohabitación forzada o convivencia impuesta y castigarla con hasta 22 años de cárcel dependiendo de diversos supuestos. Con ello nadie puede ser obligado a vivir bajó el mismo techo con otra persona, esto sucede comúnmente en los “matrimonios” ilegales que adultos buscan contraer con menores de edad.
Durante la Sesión Ordinaria de este 21 de mayo, las y los legisladores locales avalaron por unanimidad un conglomerado de reformas al Código Penal de Puebla.
Con esto, se busca evitar que se obligue a personas menores de edad a la cohabitación ya sea con un adulto u otro menor, pues esto afecta su desarrollo personal.
Para ello, se entenderá como delito a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias personas de unirse de manera informal, así como con o sin consentimiento.
Pues esto se equipara a una relación de matrimonio de la cual las y los menores que son víctimas de este, ven frenados distintos aspectos de su desarrollo.
¿Cuáles son las penas por la convivencia impuesta en Puebla?
Las penas aprobadas por la cohabitación forzada en Puebla van de 8 a 15 años de prisión y una multa de mil a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, se incluyen agravantes de hasta una una mitad, en su mínimo y en su máximo si la víctima pertenece a algún pueblo, comunidad indígena o afromexicana.
Así como si existe una relación de parentesco, tutela, guarda, custodia, autoridad, confianza o cualquier otra que implique subordinación o dependencia.
Con esto, la pena mínima partiría desde 12 hasta 22 años de cárcel, con lo que se busca proteger a las y los niños a los que obligan a vivir estas relaciones.
Sancionar la convivencia impuesta es proteger a la niñez poblana
Al respecto, la diputada Azucena Rosas Tapia consideró que esta reforma busca la protección de la niñez y se evita que sean víctimas de algún abuso.
Expuso que en muchos casos de cohabitación forzada, menores de edad son parte de acuerdos, tratos familiares, tradiciones y dependencias.
Consideraron que ninguna tradición puede justificar el abuso de un menor y que se le arrebate la infancia a una niña o adolescentes.
Proteger a nuestra niñez significa evitar las violencias el día de mañana, significa resarcir los daños que permanecerán para toda la vida”, dijo.
