La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales continúa el análisis de la Ley de Responsabilidad Patrimonial en Puebla, pues en siete amparos señalaron omisión legislativa.
Este análisis se dio luego de que así lo requiriera el Poder Judicial mediante siete amparos donde señalaron que el Congreso no ha legislado al respecto.
Por ello, la presidenta de la Comisión y el secretario, la diputada Mónica Silva Ruiz y Eduardo Alcántara Montiel acordaron realizar una mesa de trabajo para esta propuesta.
El área jurídica expuso que los siete amparos tienen “requerimientos con incidentes de inejecución”. Lo que significa que el Congreso no cumplió con la sentencia de legislar.
Ante la falta del análisis de esta ley, un ciudadano tramitó un amparo por el cual jueces de distrito han citado a la presidenta de la comisión, Mónica Silva Ruiz.
Sin embargo, el equipo jurídico del Congreso comentó que la supuesta falta de legislación corresponde al órgano colegiado. Es decir, a la comisión, por lo que no depende de la diputada.
Además, alegaron que a la comisión sólo le corresponde la dictaminación de esta ley, mientras que al Pleno del Congreso corresponde la expedición.
Ante el requerimiento judicial, el Congreso respondió que continúan con la realización de la comisión donde analizan la propuesta de iniciativa en la materia. Además tramitó un recurso de queja.
El pasado 19 de mayo de 2022, la bancada de Morena presentó una iniciativa de decreto para expedir la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Puebla.
El Congreso fue señalado de omisión pues dicha ley no fue incluída en las leyes secundarias de la reforma del Poder Judicial. La cual fue propuesta por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
Avanza el análisis de la Ley de Responsabilidad Patrimonial en Puebla, ¿De qué trata?
La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial fue promulgada desde el 2004, pero en Puebla no han legislado para su armonización.
Esta ley sería la base para que el Estado indemnice o repare los daños contra el patrimonio y derechos de las personas, causados por su administración irregular.
De acuerdo con la iniciativa, busca “establecer expresamente una garantía a nivel patrimonial de los individuos frente a la actividad administrativa del Estado”.
La propuesta hecha por la bancada morenista plantea cinco capítulos y contiene 35 artículos.
