El diputado por Morena, Andrés Villegas Mendoza presentó una iniciativa para añadir una agravante enfocada en el asalto a cuentahabientes en Puebla y participación de otras personas en el ilícito, desde trabajadores bancarios hasta personal de seguridad privada.
El legislador morenista remitió al Congreso Local la propuesta de modificación al artículo 380 del Código Penal del Estado de Puebla.
La cual se enfoca en una modalidad de delito que ha aumentado en los últimos meses, como el robo a cuentahabientes después de hacer un retiro de efectivo.
El modus operandi identificado para este ilícito consiste en la vigilancia, seguimiento o marcaje de personas que acuden a cajeros o instituciones bancarias para robarles dinero.
Para esto no solo participan autores materiales, sino vigilantes, informantes y personal de instituciones financieras que dan detalles sobre los cuentahabientes.
Si bien el Código Penal contempla agravantes de delito, no regulan el robo cometido inmediatamente después de un retiro de efectivo precedido del marcaje.
¿Qué agravante proponen por el asalto a cuentahabientes en Puebla?
La iniciativa del diputado Andrés Villegas busca agravar el delito del asalto a cuentahabientes de Puebla, que ha aumentado en últimos meses.
La fracción XXVII aumentaría hasta en una mitad la sanción establecida para los siguientes supuestos:
- Cuando el delito se cometa contra la persona que haya retirado dinero en efectivo de una institución bancaria, ya sea en el sitio, así como durante su traslado a su destino inmediato
- Cuando exista vigilancia, seguimiento, marcaje o provisión de información respectiva a la víctima.
En su caso, la pena se aumentará en dos terceras partes si para la comisión del robo participó un empleado, exempleado, apoderado, contratista o prestador de servicios de la institución.
De esta manera, el legislador morenista busca que no haya vacíos legales al momento de la procuración de justicia derivada de este delito.
La sanción penal por el delito de robo depende de la cantidad sustraída, pero puede ir desde los seis meses hasta los ocho años en prisión.
Además de multas que van desde las 100 hasta las 400 unidades de medida y actualización vigentes al momento del ilícito contra cuentahabientes.
