Tras ser exhibido en la mañanera de este lunes, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla también investigarán el actuar de Aarón Hernández Chino, juez de control de la Región Judicial Norte de Zacatlán por liberar a un presunto violador.
Fue él quien en cumplimiento a una sentencia de amparo ordenó la libertad del diácono acusado de abusar sexualmente de un niño de 7 años en Aquixtla.
Con esto, el Consejo de la Judicatura ya inició el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Para revisar el desempeño de dos de los tres jueces que fueron exhibidos a nivel nacional por dejar en libertad a presuntos criminales.
Los tres jueces involucrados son:
- Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Materia Penal de Puebla
- Francisco Javier Martínez Castillo, juez de control de la Región Judicial Centro de Puebla
- Aarón Hernández Chino, juez de control de la Región Judicial Norte de Zacatlán.
Sin embargo, al tratarse de un juez federal, al Poder Judicial del Estado de Puebla no le compete investigar el actuar de Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Por ello, solo abrió investigación a los otros dos.
Investigarán a juez por liberar a un violador y a otros dos magistrados por dejar libres a secuestradores
Roberto Antonio Domínguez y Francisco Javier Martínez son los dos jueces que permitieron que dos presuntos secuestradores de Puebla salieran de la cárcel. Los secuestradores permanecieron cinco años privados de la libertad.
La defensa de los imputados solicitó la revisión de medida cautelar y el primero de ellos concedió el amparo; el segundo dio cumplimiento a la sentencia y les retiró la prisión preventiva oficiosa.
Todavía no son sentenciados, pero se les permitió llevar su proceso en libertad a cambio de firmar periódicamente, someterse a vigilancia y con la prohibición de acercarse a la víctima y testigos.
Hernández Chino también dio cumplimiento a una sentencia de amparo y dejó en libertad a Gerardo E.R. Él es un diácono al que se le acusó de violación equiparada en agravio de un menor de 7 años de edad en Aquixtla.
También logró su libertad gracias al cambio de medida cautelar. Sin embargo, esto se debió a que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no aportó datos objetivos para acreditar que representa un peligro para la sociedad, testigos o la propia víctima.
