Una vez más, el Poder Judicial de la Federación causa polémica por la resolución de uno de sus jueces en un caso mediático; en esta ocasión, se trata del amparo concedido a Javier López Zavala, presunto autor intelectual del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón.
Con esta decisión, el imputado podría solicitar el cambio de su medida cautelar y obtener prisión domiciliaria, lo que ha generado indignación. Principalmente en la familia de la víctima.
Esta no es la primera vez que el Poder Judicial se encuentra en medio de polémica por decisiones que favorecen a presuntos delincuentes.
Esos sucesos han sido constantes desde 2023 y fueron condenados por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien impulso la reforma al Poder Judicial
Tal es caso de la puesta en libertad de violadores y secuestradores en Puebla. El matrimonio acusado de abuso sexual en Zimapán, Hidalgo y la suspensión de audiencias en el caso de María Elena Ríos.
Regalan a Zavala amparo previo a su juicio por feminicidio de Cecilia Monzón
Este día se dio a conocer el amparo concedido a Javier López Zavala, otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de San Andrés Cholula.
La resolución fue dada por el juez federal sustituto Eliezer Melchor Aguilar. Con ello se abrió la posibilidad de que el presunto feminicida abandone el penal de San Miguel antes del juicio oral.
La apertura del juicio oral está programada para el 12 de marzo de 2025. Sin embargo, Helena Monzón, abogada de la familia y hermana de la víctima, expresó su preocupación por que la justicia esté en vilo.
Y es que desde su detención el exfuncionario ha promovido diversos juicios de amparo con la única intención de alargar su proceso para, después, pelear su libertad.
En febrero de 2024, los magistrados Arturo Gamaliel Ruiz Jiménez, Armando Mata Morales y José Luis Moya Flores le concedieron un amparo.
Esta resolución incluso se señaló en la conferencia matutina del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como un intento de favorecer al acusado.
Apenas en diciembre pasado se ratificó la prisión preventiva para López Zavala por nueve meses más. Y cuando por fin se fijó fecha para el juicio, el Poder Judicial le concedió, una vez más, un amparo.
El gobernador @armentapuebla_ respaldó a @CitlaHM en su postura sobre la posible liberación de Javier López Zavala; presunto feminicida de Cecilia Monzon. #AmbasManos 📹 @_Ivan_Reyes https://t.co/BgdKibCaEe pic.twitter.com/KC7rODw9OE
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) February 24, 2025
Otros casos donde presuntos delincuentes se han visto favorecidos
En 2023, un juez federal otorgó un amparo a Gerardo N., diácono de Aquixtla, Puebla, acusado de violación en agravio de un niño de siete años.
El acusado fue puesto en libertad sin condiciones, aunque posteriormente fue reaprehendido y condenado a 21 años y ocho meses de prisión.
En otro caso, un juez federal permitió la liberación de dos secuestradores responsables de privar de la libertad a una mujer de 65 años.
Tras cinco años de cárcel; se les permitió sustituir la prisión preventiva por firma periódica.
El caso de Zimapán, Hidalgo, también ha generado molestia en la sociedad. Este involucra el abuso sexual de dos niñas de 8 y 10 años por parte de un líder evangélico.
Arturo William Trejo Leal, junto con su esposa y otros cómplices, fueron acusados de estos delitos en 2022, pero obtuvieron su libertad mediante un amparo.
A pesar de las pruebas, un juez federal permitió su liberación, lo que desató protestas y bloqueos en la autopista México-Puebla para exigir justicia.
Por otra parte, María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en 2019, es ejemplo de cómo los jueces han beneficiado a agresores.
En agosto de 2024, la agraviada acusó la suspensión de audiencias debido a los múltiples amparos promovidos por la defensa de los acusados.
Según Ríos, el juez federal José Gabriel Ramírez Montaño habría recibido sobornos para favorecer a Juan Antonio Vera Carrizal, autor intelectual de su agresión.
Organizaciones civiles y familiares de las víctimas han exigido mayor vigilancia sobre las decisiones judiciales que permiten la impunidad de presuntos delincuentes.
También han pedido sanciones ejemplares para los jueces que favorecen a criminales mediante el abuso de mecanismos legales como el amparo, debilitando el Estado de derecho.
