Manifestantes del relleno sanitario intermunicipal de Cholula denunciaron ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) el uso de armas de fuego en su contra para desalojarlos del plantón que mantienen en la carretera a Calpan. 

Fue Juan Carlos Flores, abogado de la Unión de Pueblos Originarios, quien este 3 de mayo acudió al edificio principal de la FGE. Ahí, presentó formalmente la denuncia.   

Ante la autoridad investigadora, señaló que policías municipales dispararon contra ellos durante la protesta realizada el pasado 30 de abril. Cuando los quejosos colocaron una barricada con piedras y llantas incendiadas para evitar la reactivación del basurero.     

En entrevista a las afueras de la institución, Carlos Flores indicó que es necesario que las autoridades ministeriales acudan a la zona a realizar el levantamiento de los casquillos percutidos. Aseguró que todavía se encuentran sobre la carretera.    

También solicitó que se realice un análisis de balística para determinar de dónde provinieron las balas. Pues estuvieron presentes elementos policiacos de diferentes municipios, así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).    

Ellos abren el diálogo, piden civilidad,  pero cómo van a pedir civilidad, si ellos están detonando armas de fuego contra la población”.   

Los pobladores mantienen el plantón en la carretera para impedir el paso de los camiones de basura al relleno sanitario intermunicipal.    

El pasado jueves 2 de mayo, en conferencia de prensa, aseguraron que no se retirarán hasta que de manera definitiva se inhabilite el basurero.    

Y es que días antes fueron retirados los sellos de clausura que colocó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Al respecto, la Secretaría de Gobernación informó que quedó solventado el proceso que lo mantenía sin operación desde hace semanas.   

Gobernación, además, indicó que el depósito cuenta con los permisos municipales y estatales vigentes para funcionar. Esto, porque diversos dictámenes han demostrado que no existe contaminación al ambiente, por lo que no hay impedimento legal para su operación. 

Los pobladores insisten en que el relleno sanitario sí contamina y desde hace semanas bloquearon el espacio para impedir que ingresen los camiones recolectores de residuos de 21 municipios. 

Tanto el secretario de Gobernación como el propio gobernador, Sergio Salomón Céspedes, expusieron que causa más daños su bloqueo al impedir que los municipios depositen sus desechos. Por ello, ya hay cuatro denuncias en contra de los pobladores y no sé descarta el uso de la fuerza pública para el desalojo. 

Finalmente, el gobierno también negó que el pasado 30 de abril policías hayan detonado sus armas de fuego. 

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Jessica Meléndez Zenteno

Jessica Meléndez Zenteno

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la BUAP. Reportera desde 2016 en política, gobierno, educativas y municipio para diferentes medios de comunicación.