El Consejo de la Judicatura a cargo de Pedro Antonio Martínez Hernández aprobó la destitución del polémico juez de control de oralidad penal Aarón Hernández Chino, quien estaba adscrito a la región judicial Centro, en Puebla capital.
En marzo de 2024 el entonces gobernador Sergio Salomón Céspedes lo consideró para ocupar una magistratura en el Poder Judicial de Puebla. Sin embargo, Hernández Chino declinó y comunicó al Congreso local que no estaba interesado en ser magistrado.
¿Por qué? En julio de 2023, en cumplimiento a una sentencia de amparo, Aarón Hernández Chino dejó en libertad a Gerardo Espinosa Rubí, un diácono del municipio de Aquixtla que hoy purga una sentencia de 21 años y 8 meses de prisión por violar a un niño de 7 años.
En ese entonces, Aarón Hernández Chino estaba adscrito en la región judicial Norte con sede en Zacatlán. Tras la polémica, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado informando que había iniciado una investigación a fin de revisar la actuación y desempeño del juez.
Sin embargo, no pasó a mayores. Hernández Chino regresó a la región judicial Centro y, como ya se dijo, incluso lo consideraron para una magistratura.
Pedro Antonio Martínez Hernández llegó al Consejo de la Judicatura en noviembre de 2025. Este órgano se encarga de “la administración, vigilancia, evaluación y disciplina” de los servidores públicos del Poder Judicial.
A tres meses de su llegada se aprobaron más de 120 cambios de adscripción de jueces, juezas y personal jurisdiccional en distintos distritos de la entidad. En esta ocasión, Hernández Chino no sobrevivió a la limpia y lo cesaron del Poder Judicial.
Los casos de Aarón Hernández Chino, el polémico juez cesado del Poder Judicial
El primer caso polémico de Aarón Hernández Chino fue el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda. El responsable, Ricardo Alexis, conductor de la plataforma Cabify, cumple una sentencia de 50 años de prisión.
En ocasiones vieron al juez Hernández Chino llegar y retirarse de Casa de Justicia de la 11 Sur a bordo del RUTA Línea 2. Aunque se exponían datos muy delicados y la defensa de Ricardo Alexis peleó más de una vez para que las audiencias se realizaran en privado, Aarón Hernández siempre permitió la presencia de los medios de comunicación.
También llevó las audiencias de Maria Elizabeth Tanús, mejor conocida como Mariely, hija del actor Tony Bravo, quien mató a su pareja de 52 puñaladas.
Durante las audiencias, Mariely aseguró que Vicente la violó y le confesó que era VIH positivo, por lo que ella actuó en defensa propia y lo apuñaló.
Los casos de Paulina Camargo, El Grillo y el diácono violador
Aarón Hernández Chino también llevó una audiencia de formulación de imputación de José María “Chema Sosa” por el caso Paulina Camargo.
Aunque la defensa de “Chema” pidió que fuera privada, el juez privilegió el principio de publicad y permitió que los representantes de los medios de comunicación se quedaran.
De igual forma estuvo a cargo de cinco detenidos por una balacera en el Centro Histórico, en la 12 Poniente. Así como de la detención de “El Migra”, un asaltante que entre 2017 y 2018 tenía azotado al transporte público.
Cuando a José Christian N, alias “El Grillo” lo detuvieron por secuestro, en Casa de Justicia se desplegó un fuerte operativo de seguridad. En aquella ocasión, Aarón Hernández Chino no permitió la presencia de medios de comunicación, según dijo, por protección a las víctimas y las audiencias fueron privadas.
Durante un corto tiempo también estuvo a cargo del caso de Eukid Castañon Herrera, el exdiputdo morenovallista preso durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa.
Sin embargo, su nombre tomó relevancia a nivel nacional cuando en 2023, como juez de control de la región judicial Norte con sede en Zacatlán, dejó en libertad a un diácono violador.
Lo hizo en cumplimiento a la sentencia del amparo 1411/2022 que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva necesaria.
Aarón Hernández Chino dejó asentado que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) no aportó datos objetivos para acreditar que representa un peligro para la sociedad, testigos o la propia víctima. Por ello, dijo, se vio imposibilitado a dictar otra medida cautelar.
