La familia de uno de los jóvenes secuestrados presuntamente por dos agentes de la Guardia Nacional (GN) en San Martín Texmelucan teme que el juez haya sido sobornado y por eso absolvió a dos de los cuatro implicados.
Manuel Barrueta, padre de una de las víctimas, denunció que el juez Celestino Martínez Bones pudo haber incurrido en irregularidades. Ello al dictar sentencia absolutoria a un exmilitar y a un entonces elemento activo de la Guardia Nacional, señalados por secuestro agravado.
El fallo se emitió el pasado 23 de enero, después de más de dos años de juicio y benefició a Luis Javier N., quien formaba parte de la GN al momento de los hechos. Así como a Rogelio Sergio, exmilitar.
Barrueta precisó que, tras esta resolución, Rogelio Sergio ya se encuentra en libertad, mientras que Luis Javier N. permanece recluido.
La diferencia, explicó, radica en que ambos continúan procesados por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, solo al exmilitar se le permitió llevar ese proceso en libertad.
En rueda de prensa, el señor Manuel Barrueta señaló que el día en que se notificó el fallo observó situaciones que considera preocupantes.
Relató que la defensa de Rogelio Sergio ingresó a un área restringida para jueces en Casa de Justicia con una bolsa. Poco tiempo después, se dio a conocer la absolución de los imputados.
A su juicio, esa situación debe ser investigada, ya que genera dudas sobre la imparcialidad.
Manuel Barrueta, el padre de uno de los jóvenes víctima de secuestro presuntamente a manos de agentes de la Guardia Nacional en San Martín Texmelucan denunció que el juez que absolvió a los responsables, Celestino Martínez Bones, recibió dinero.#AmbasManos @_Carbente_ #Puebla… pic.twitter.com/iqXgGuCAVs
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Juez absolvió a elementos de la Guardia Nacional acusados de secuestro
El caso se remonta al 11 de octubre de 2023, cuando Luis Javier N. y Rogelio Sergio ingresaron armados a una vulcanizadora propiedad del hijo de Barrueta, en San Martín Texmelucan, Puebla.
De acuerdo con la investigación, se hicieron pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y sometieron a los muchachos con cinchos plásticos. Luego exigieron 50 mil dólares como rescate.
La intervención de vecinos permitió que los agresores fueran retenidos y entregados a la Policía Municipal.
Posteriormente se confirmó que uno de ellos pertenecía a las Fuerzas Armadas y estaba adscrito al destacamento de Texcoco, Estado de México.
Las indagatorias establecieron que se desplazaban en un vehículo Jetta con placas de esa entidad, presuntamente escoltado por una patrulla oficial.
Durante el juicio se desahogaron 22 pruebas, entre ellas testimonios de las víctimas, vecinos, policías municipales y mandos de la Guardia Nacional.
Además de armas aseguradas, dictámenes balísticos, videos de vigilancia, geolocalización de teléfonos y mensajes que apuntan a la planeación del secuestro.
Barrueta recordó que en total cuatro personas fueron detenidas por este caso. El guardia nacional, el exmilitar, un civil y el comandante de la patrulla, de nombre Obed, cuyo caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Advirtió que la absolución de dos de los implicados abre la puerta para que los demás busquen el mismo beneficio. Esta situación incrementa el temor de represalias contra su familia.
Señaló que su hijo Santiago tuvo que salir del país y solicitar asilo, mientras que el otro agraviado ha recibido amenazas.
Finalmente, informó que acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual determinó no emitir recomendación.
También pidió al gobernador Alejandro Armenta revisar el caso y solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) impugnar la sentencia. En tanto al Poder Judicial analizar el actuar del juez.
Lo anterior al considerar que el resolutivo envía un mensaje de impunidad y deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad.
