El expresidente municipal de Cuautempan, Gerardo Cortés Caballero, aseguró que contaba con suspensiones federales de amparo al momento de su detención.
Esta versión que fue expuesta por su esposa en un testimonio hecho llegar a Ambas Manos.
De acuerdo con su declaración, los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2026, cuando Cortés Caballero se encontraba en un domicilio en Tlaxcala.
En ese sitio, policías de Puebla realizaron la detención, pese a que —según la familia— se mostraron documentos judiciales que ordenaban no ejecutar ninguna orden de aprehensión.
Se le explicó a la policía que él ya se había puesto a disposición por una suspensión de amparo y que contaba con ellas. Las mostramos y solo dijeron que las verían en Fiscalía”.
La esposa del exedil relató que, tras varias horas sin comunicación, fueron informados de que Gerardo se encontraba en instalaciones de la Fiscalía tlaxcalteca.
Señaló que ahí el Inspector Zamora confirmó la existencia de los recursos que impedían su detención. Sin embargo, habría recibido una llamada con instrucciones distintas.
Nos dijeron que efectivamente tenía amparos y no lo podían detener, pero después recibieron una llamada de quien se identificó como fiscal Rubén para que no lo dejaran ir”.
Según su versión, quien se identificó como Rubén, adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), ordenó que el exalcalde fuera trasladado a sus oficinas.
La esposa aseguró que, de manera extraoficial, les indicaron que se trataba de una instrucción directa de la fiscal general del estado de Puebla, Idamis Pastor Betancourt.
Supuestamente ella lo habría catalogado a Cortés Caballero como “objetivo prioritario”.
La mujer afirmó que, al no poder ser puesto a disposición por autoridades de aquella entidad, elementos poblanos lo trasladaron primero a Zacatlán. Después a Huauchinango, donde tampoco fue recibido.
Finalmente, el ingreso al Centro de Reinserción Social se concretó la madrugada del 4 de febrero, luego de varias horas de espera por la falta de oficios, según su versión.
Posteriormente se celebró la audiencia inicial donde le formularon imputación por el delito de extorsión agravada.
La esposa del imputado acusó irregularidades procesales y aseguró contar con notificaciones judiciales que, a su juicio, contradicen lo expuesto durante la diligencia.
Yo solo pido justicia para Gerardo. Los verdaderos delincuentes siguen libres, escudándose en una orden superior”, detalló.
Exalcalde de Cuautempan asegura que contaba con un amparo que impedía su detención
En un comunicado difundido por separado, Gerardo Cortés Caballero reiteró que su detención fue ilegal.
Una vez más sostuvo que contaba con suspensiones definitivas de amparo otorgadas por jueces federales.
Fui privado de mi libertad de manera ilegal, a pesar de contar con suspensiones definitivas de amparo que ordenaban expresamente que no se ejecutara ninguna orden de aprehensión en mi contra”.
Agregó que ya interpuso las denuncias pertinentes contra quienes resultes responsables por desacato al órgano federal.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la captura se realizó en colaboración con autoridades de Tlaxcala, en cumplimiento a un mandamiento por el delito de extorsión agravada.
Según la institución, los hechos que se investigan ocurrieron en octubre de 2024, cuando citaron a la víctima en un domicilio particular del entonces edil.
Ahí, bajo amenazas con arma de fuego, la obligaron a entregar vehículos y dinero en efectivo. Además de firmar contratos simulados de compraventa en dos ocasiones.
Cabe recordar que hace nueve meses, la FGE también confirmó cateos simultáneos en inmuebles relacionados Cortés Caballero, ubicados en Cuautempan y Ahuacatlán.
En esos lugares, aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, vehículos, droga y otros indicios, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público.
La Fiscalía informó en su momento que las acciones derivaron de reportes relacionados con cobro de piso a comerciantes, robo a transportistas y presunta distribución de droga.
