Colectivas feministas que han acompañado el caso de Cecilia Monzón hicieron un llamado a detener la difusión de versiones atribuidas a Javier López Zavala —procesado por violencia familiar y feminicidio—, pues aseguran que únicamente revictimizan a la abogada y a su familia.
Recordaron que ya pasaron más de tres años desde el feminicidio de Cecilia, ocurrido en mayo de 2022. Y, aun así, el acceso a la justicia continúa estancado.
Explicaron que el proceso judicial suma demoras, postergaciones y recursos legales que han frenado cualquier avance.
De hecho, el juicio oral por feminicidio, que inicialmente debía comenzar en marzo de 2025 y después se reprogramó para abril, volvió a quedar suspendido.
Además, en noviembre se promovió un amparo que frenó la imposición de la pena dentro del procedimiento por violencia familiar.
Las colectivas advirtieron que estos atrasos no son simples fallas administrativas. Sino parte de un problema estructural que incumple obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Recordaron que tanto la Convención de Belém do Pará como la Convención Americana de Derechos Humanos exigen garantizar justicia rápida, diligente y efectiva. Especialmente en casos de violencia contra mujeres.
Alertaron que esta lentitud judicial profundiza el dolor de la familia de Cecilia y crea condiciones que favorecen la impunidad.
También abre espacio para que el agresor intente incidir en el proceso o difunda versiones que buscan confundir y dañar la memoria de la activista.
Por ello llamaron a los medios de comunicación a no replicar información que consideran falsas.
Pidieron a la Fiscalía de Puebla actuar con firmeza en esta etapa final y al Poder Judicial evitar más demoras. Además de dictar la pena máxima conforme a derecho.
En la rueda de prensa participaron varias colectivas y organizaciones.
En ese espacio, Yali Figueiras enfatizó que el acceso a la justicia en México también está ligado al nivel económico.
Recordó que solo entre el 1% y el 5% de los feminicidios en el país concluyen con una sentencia, y que muchas mujeres no pueden sostener procesos tan prolongados, llenos de obstáculos y gastos.
Subrayó que la justicia debe ser un derecho garantizado para todas, sin importar su situación económica.
Las colectivas cerraron reafirmando que Cecilia luchó por los derechos de muchas mujeres y que su asesinato no puede quedarse atrapado en la burocracia ni en la indiferencia institucional.
