México se convirtió en el país más peligroso para funcionarios locales, como alcaldes, concejales y empleados de gobierno subnacionales.
Así lo dio a conocer la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (Acled, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con Proceso, el proyecto alertó sobre los riesgos que corren los servidores públicos locales en México.
En su último informe con fecha de 2024, registraron 324 eventos de violencia, entre asesinatos, ataques armados, secuestros y desapariciones, contra servidores públicos.
Los casos aumentaron un 29% en comparación con 2023, lo que supera a países con conflictos armados internos como Myanmar.
La organización internacional agregó en la categoría de funcionarios locales a los empleados de gobierno subnacionales.
Tal es el caso de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, así como su asesor José Muñoz. A la pareja la asesinaron el pasado 20 de mayo en la CDMX.
Otro de los casos que destaca es el del presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortez Álvarez.
El alcalde y su empleado fueron ultimados a balazos durante la madrugada del 4 de junio en dicha localidad del estado.
Ataques en México a funcionarios son preocupantes
En entrevista con Proceso, Sandra Pellegrini, analista de la Acled para América Latina, señaló que los ataques son “un indicador preocupante de que en 2025 las figuras políticas, especialmente a nivel local, continúan estando bajo amenaza”.
Tampoco se puede afirmar que 2025 sea el año más violento a pesar de los hechos ocurridos en lo que va del año.
En los primeros meses de 2025, se han producido menos ataques contra funcionarios locales que en el mismo periodo de 2024. Esto, tomando en cuenta que se llevó a cabo un proceso electoral “especialmente violento en México”.
Asimismo, dijo que este año se observa que los procesos electorales locales siguen siendo un motor importante de violencia.
Por ejemplo, la situación que se vivió en Veracruz, pues entre mayo y junio, se observó un repunte en los incidentes contra actores políticos locales.
