El alcalde Eduardo Rivera Pérez defendió los operativos aleatorios que ha realizado la policía municipal en la ciudad de Puebla, pues negó que se vulneren los derechos humanos de la ciudadanía.
En respuesta a la Universidad Iberoamericana por un posible abuso de autoridad en estas supervisiones, el presidente municipal comentó que las acciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) son para prevenir la inseguridad.
Explicó que en cada revisión están presentes elementos de la Contraloría de la ciudad, la Dirección de Asuntos Internos del ayuntamiento de Puebla y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Esto precisamente con el objetivo de que no se vulneren los derechos de libertad de las personas que son sometidas a una revisión por parte de los policías municipales.
“Lo que se pretende es salvaguardar la integridad, en estos operativos (…) yo estoy tranquilo porque las actuaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tienen estas características”, detalló.
Sobre la inquietud del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuria” por una posible discriminación, el alcalde negó que se pretenda llevar a cabo esta situación por un tema socioeconomico, raza o apariencia.
Añadió que este es el actuar de la SSC para combatir la inseguridad pública en la capital, pues derivado de estos operativos aleatorios han detenido personas con sustancias ilegales.
El edil puso el ejemplo de las revisiones que han implementado en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), en donde binomios caninos detectan alguna sustancia irregular y proceden a revisar al portador de estas.
Ibero Puebla cuestiona legalidad de operativos
En un comunicado emitido la tarde de este martes, la institución privada cuestionó la legalidad de los operativos realizados por el ayuntamiento de Puebla.
Incluso agregó que desde 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció para declarar como prohibidos este tipos de supervisiones aleatorias a la ciudadanía.
Lo anterior, bajo el argumento de que no se puede tomar un juicio propio para señalar a una persona y revisar sus pertenencias, ya que esto atenta con sus derechos humanos.