Un comerciante denunció un presunto abuso de autoridad en el municipio de Ciudad Serdán, Puebla.
Lo anterior, luego de que personal del área de Normatividad ordenara retirar su puesto con apoyo de una grúa y le cobrara cerca de 4 mil pesos para poder recuperarlo.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de marzo cerca del Parque de los Cedros. Alejandro Estrada trabaja con un remolque de venta de crepas, conocido como “La Creperita”.
De acuerdo con su testimonio, él forma parte de un grupo de vendedores ambulantes que operan en la zona desde hace años. Algunos incluso con décadas de antigüedad.
Explicó que recientemente sostuvieron reuniones con autoridades para reorganizar sus espacios de trabajo.
Sin embargo, precisó que estos acuerdos solo han sido verbales, ya que no existe ningún documento firmado.
Detalló que, debido a la instalación de un Concejo Municipal tras la destitución del edil, varios funcionarios fueron asignados recientemente.
Entre ellos, el encargado del área de Normatividad, identificado como Carlos Rubén Balderas Fernández.
Según el inconforme, desde la llegada de Balderas comenzaron las presiones hacia los vendedores.
Comerciante denuncia abuso de autoridad en Ciudad Serdán; no es el único
El día de los hechos, explicó, dejó su remolque estacionado en la zona, sin operar porque tenía previsto realizarle algunas modificaciones.
Mientras atendía un asunto personal fuera del lugar, recibió una llamada de un trabajador del área. Este le pidió retirar la unidad de inmediato tras una supuesta queja ciudadana.
Aunque solicitó un par de horas para moverla, aseguró que no le dieron oportunidad.
Poco después, otros vendedores le avisaron que “La creperita” ya había sido asegurada y subida a una grúa. Ello con apoyo de elementos de la Policía Municipal y de Tránsito.
Incluso, relató que alcanzó a ver cómo se lo llevaban cuando regresaba al sitio.
Para poder recuperar su herramienta de trabajo, tuvo que pagar aproximadamente 4 mil pesos.
Esta cantidad, afirma que la depositó mediante transferencia bancaria a la empresa de grúas.
No obstante, señaló que no le entregaron ningún recibo, únicamente una hoja de liberación del vehículo.
Alejandro consideró que la actuación de las autoridades fue irregular ya que —según dijo— nunca le explicaron qué falta cometió.
Detalló que el documento que le entregaron contiene fundamentos relacionados con bienes inmuebles y avalúos catastrales, lo cual no corresponde a su caso.
Esto debido a que se trata de un tema de invasión de vía pública o estacionamiento.
También cuestionó que fuera gente de Normatividad quien ordenara el uso de la grúa, cuando este tipo de procedimientos —dijo— deberían ser competencia de tránsito o vialidad.
Además, señaló que el propio funcionario habría emitido comentarios en los que asegura tener influencias y protección.
Tales como que supuestamente lo envió el gobernador Alejandro Armenta y que por ende, puede actuar sin consecuencias.
Incluso, aseguró que en reuniones con comerciantes menciona que puede retirar los puestos cuando lo decida.
El afectado reiteró que no se niega a cumplir con la ley, pero considera que cualquier sanción debe estar debidamente fundamentada.
Si hice algo mal, lo pago, pero que me digan exactamente qué fue lo que hice y en qué reglamento se basan”, expresó.
Asimismo, indicó que durante el proceso le entregaron un oficio donde se le otorgan 15 días para acreditar la propiedad de su remolque.
Esto también lo cuestionó, ya que, no se especifica en qué reglamento se basa ese plazo.
Añadió que incluso se le informó que, en caso de reincidir, podrían volver a retirar su unidad con el uso de la fuerza pública. Lo que considera una medida excesiva.
El comerciante adelantó que analiza presentar una denuncia formal por estos hechos. Y expuso su caso ante el diputado local Andrés Villegas, quien le brindó atención para revisar la situación.
Finalmente, señaló que otros vendedores han enfrentado situaciones similares, aunque no todos han decidido hacerlo público.
