El Congreso de Puebla aprobó castigar el delito de despojo de propiedades con hasta 12 años de cárcel. Además, incluye las modificaciones propuestas por el diputado Andrés Villegas para sancionar también a quienes organizan estos despojos y que quedan impunes, tal como sucede con organizaciones lideradas por Antorcha Campesina.
El pleno del Poder Legislativo aprobó este 15 de marzo múltiples propuestas de reforma al Código Penal del Estado de Puebla referentes al tema.
Una de las iniciativa fue del diputado Andrés Villegas Mendoza, que forma parte de un complemento con la de otros legisladores e inclusive una del Ejecutivo.
La idea es sancionar al llamado “Cartel del Despojo”, retiros ilegales de propiedades y bienes inmuebles, invasión de predios y procedimientos ilegales para la venta de estos.
Con estas propuestas se busca proteger el derecho a la propiedad, salvaguardar la seguridad jurídica de las y los poblanos y su derecho a un patrimonio.
Señala que el delito del despojo se constituye cuando se utiliza violencia, engaños, jurídicos o se simulan actos jurídicos para quitarle su propiedad a una persona.
De acuerdo con la Fiscalía General de Puebla, solo en enero y febrero de este año se registraron 861 carpetas de investigación por este delito.
¿Cómo quedan la sanciones por el despojo de propiedades en Puebla?
El decreto aprobado por el Congreso de Puebla marca una sanción de seis a doce años, así como una multa que va de 100 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización.
Esto aplicará en estos casos:
- Si se comete por cinco o más personas en contra de zonas declaradas como área natural protegida
- Cuando se agravie a una niña, niño, adolescente, personas mayor de sesenta años, con alguna discapacidad o de pueblo indígena
- Si se comete con la participación de una persona servidora pública valiéndose de su empleo, cargo o comisión
- Cuando se simulen actos de autoridad
- Si se inscribe en el Registro Público de la Propiedad para aparentar un derecho sea sobre un inmueble
- Cuando se cometa con intervención dolosa del titular, auxiliar o suplente de una notaría pública dando fe al acto de simulación
Además, se incluye otra sanción que va de siete a quince años para quien financie o dirija una invasión de una propiedad o bien inmueble.
Así como una agravante para elevar hasta una tercera parte la pena cuando el delito se cometa con el propósito de lotificar o comercializar la tierra; con esto llegaría hasta 20 años la máxima.
El decreto integró siete iniciativas de las y los diputados Andrés Villegas, Araceli Celestino, Beatriz Manrique, Modesta Delgado, Susana Riestra, Celia Bonaga y Mauricio Céspedes y una del Ejecutivo.
