El Congreso Local comenzará la revisión sobre la reforma para la revocación de mandato en Puebla hasta el segundo periodo ordinario de 2026.
En entrevista, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar detalló que este tema se enfoca en una reforma constitucional.
La propuesta es armonizarlo, y aunque sigue en revisión por parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, su aprobación sería hasta el próximo año.
Adelantó que, en próximos días, el presidente de esta comisión Julio Huerta Gómez, dará más detalles sobre la propuesta para legislar sobre ello.
Añadió que es una de las prioridades por parte del Poder Legislativo para tratar y dar salida a partir del 15 de enero del 2026 que inicia el nuevo periodo.
Yo creo que sería en el segundo periodo, empezando el año 2026 (legislación de la revocación de mandato), es un tema que ya tenemos” dijo.
El diputado @SoyPavelGaspar informó que la revocación de mandato en Puebla se legislará hasta el segundo periodo ordinario del @CongresoPue, en enero del 2026.#AmbasManos @_Ivan_Reyes https://t.co/RyIKgnjeEm pic.twitter.com/nHb40pJVid
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) December 2, 2025
¿En qué se enfoca la propuesta de revocación de mandato en Puebla?
La propuesta para aplicar la revocación de mandato en Puebla será uno de los pendientes que la LXII Legislatura tendrá que retomar el próximo año.
Se enfoca en poder realizar una consulta ciudadana para poner a consideración una revocación de mandato al gobernador en turno, en este caso Alejandro Armenta.
La idea es que aplique por primera vez en 2028, cuando el mandatario estatal cumple la mitad de su periodo de gestión.
Lo anterior busca fomentar una participación ciudadana para evaluar a quienes los representa, en este caso desde el Poder Ejecutivo Estatal.
Se trataría de una homologación a la legislación federal, para someter a consideración la consulta de revocación de mandato.
Autoridades coludidas con el crimen deben responder ante la ley
En otro tema, el legislador de Morena coincidió con el gobernador Alejandro Armenta en torno a las autoridades municipales con vínculos criminales.
Señaló que cualquier alcalde o funcionario municipal coludido en robo de transporte o cualquier ilícito debe responder ante la autoridad correspondiente.
Descartó que se hagan distinciones en cuanto a temas partidistas o colores políticos, pues todos deben estar sujetos a la ley y responder ante la misma.
