La diputada Esther Martínez presentó una iniciativa para la creación de un certificado oficial que evite fraudes y la venta de autos robados en Puebla.
En la Sesión Ordinaria del Congreso de Puebla del pasado 6 de noviembre, la legisladora petista detalló el propósito de la adición a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.
Expuso que el certificado de control y verificación pericial de vehículos busca dar certeza a quienes buscan comprar un automóvil usado o seminuevo.
Lo anterior ante el incremento de casos de robo de vehículo, cuyos registros se alteran o clonan para cometer fraudes.
Agregó que el Registro Público Vehicular (Repuve) tiene una serie de limitantes, pues si bien permite revisar el estatus legal de un automóvil, no certifica su autenticidad.
La legisladora señaló que este vacío lo aprovechan los delincuentes para hacer negocios con unidades con reporte de robo, cuyos registros alteran, generando problemas para el comprador.
Por ejemplo, a principios de este año se reportó el caso de una camioneta que robaron en el Estado de México y luego apareció en venta en una agencia de Puebla.
El certificado evitaría venta de autos robados en Puebla
La reforma plantea la adición del Capítulo VI para un certificado que evite la venta de autos robados en Puebla y los posibles fraudes que esto implica.
El documento lo expediría la Secretaría de Movilidad y Transporte en conjunto con la Fiscalía General del Estado para verificar la procedencia licita de la unidad.
De esta manera, se acreditaría los números de identificación vehicular, motos, chasis y otros que coincidan con documentación presentada.
Para su expedición, el personal acreditado podrá hacer la revisión física de vehículos y constatar en sistema que no tengan reporte de robo o irregularidades.
El certificado sería obligatorio para tramites de compra y venta o transferencia de propiedad de vehículos seminuevos o usados.
Así como trámites de baja o alta de placas en vehículos usados o foráneos y casos que determine la dependencia estatal o autoridades competentes.
Si esta iniciativa fuera aprobada, la secretaría contaría con 180 días para implementar las disposiciones y comenzar la entrega del certificado.
Además, se incluirá el costo de este tramite en la Ley de Ingresos del Estado, que tendrá que descubrir el interesado por el propietario del vehículo en venta.
