El Ayuntamiento de Puebla demolió solo el 80% de los inmuebles construidos de manera ilegal en La Covadonga, a pesar de que existía un amparo que ordenaba la recuperación total.
Así lo informó Jesús González Schmal, apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, quien indicó la falta de cumplimiento del ordenamiento legal.
Señaló que la madrugada del 19 de julio las autoridades municipales acudieron a la zona para demoler las edificaciones existentes. No obstante, se negaron a tocar el 20% restante, al justificar que había una demanda en curso.
El Ayuntamiento de Puebla no demolió los inmuebles de dos hectáreas en la Covadonga
Son dos hectáreas las que aún siguen invadidas, estas abarcan de la colindancia de la fábrica de agua denominada “Inmaculada” y el predio de la fundación.
La zona fue irrumpida por primera vez en marzo de 2023 por parte de un grupo de 50 personas armadas.
González Schmal destacó que dicha área corresponde a los activos de la Fundación Julita y Antonio, misma que recibió como donación 40 años antes. Esto para llevar a cabo obras de beneficencia privada, pero con beneficio público o para destinarla como financiamiento de otras obras de servicio social.
Relató que en los dos años que han transcurrido han experimentado una experiencia negativa. Pues consideró que no es posible que en Puebla una ciudad de gran importancia sea tan difícil sobreponerse contra quienes han hecho invasiones.
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Los delincuentes han hecho de los despojos una actividad común, debido a que de alguna manera dan por anticipado que van a quedar impunes y no habrá sanciones.
Por parte de la fundación, explicó que acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para denunciar conforme a derecho. La carpeta un año después se judicializó, pero los magistrados determinaron que no había vinculación a proceso.
En este sentido, hicieron un llamado a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de Puebla a que cumpla a cabalidad la recuperación de La Covadonga. Para ello, presentaron una denuncia ante la Contraloría y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
