El diputado Andrés Villegas Mendoza presentó ante Congreso de Puebla una reforma al Código Penal para castigar hasta con 12 años de prisión a quienes ofrezcan préstamos “gota a gota”.
El diputado presentó una iniciativa para modificar el artículo 292 Ter del Código Penal local, a fin de castigar a quien:
Para obtener el pago de un préstamo o crédito ejerza actos de intimidación, amenazas, coacción, daños, hostigamiento, presión psicológica, retención de objetos personales, violencia física o moral, o cualquier otro medio que afecte la seguridad, integridad, libertad o patrimonio del deudor o su entorno”, señala la propuesta.
El castigo mínimo sería de cuatro años de prisión y hasta 12 años, así como una multa de 500 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La pena aumentará en una mitad cuando el delito se cometa en contra de las siguiente personas:
- En situación de vulnerabilidad económica
- Mujeres
- Personas adultas mayores
- Personas con discapacidad
- Menores de edad
- Personas en situación de pobreza
También aumentará una mitad cuando el responsable actúe de manera reiterada o como parte de una red u organización delictiva. También cuando se realice el cobro ocasionando daños en las instalaciones de comercios, negocios o bienes en propiedad que pongan en peligro la integridad física o la vida de la víctima.
¿Por qué el Congreso de Puebla castigará los préstamos “gota a gota”?
En tribuna, expuso que, de acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, una red de prestamistas opera en el país desde 2015.
Dicha red, explicó el diputado, estaría compuesta por mil 500 personas de origen sudamericano, como personas de origen colombiano que ingresaron al país como turistas. Los operadores de este sistema de préstamos comenzaron a entregar tarjetas en mercados y pequeños comercios de la capital mexicana y otras entidades.
Además, ofrecen préstamos “fáciles” sin verificación en el buró de crédito ni necesidad de un aval, sus objetivos son pequeños comerciantes, establecidos y ambulantes.
Los montos prestados oscilan entre 2 mil y 60 mil pesos, a través de empresas fantasmas y sin la formalización de un contrato.
El conflicto surge cuando por cuotas diarias o mensuales y los intereses elevados se convierten en una deuda impagable. Ya que los prestamistas recurren a la violencia para exigir el pago, como amenazas a las víctimas, robos de mercancía o hasta incendios. A ello se suman las agresiones físicas a los deudores, e incluso a la privación de la libertad.
En la mayoría de los casos, estos préstamos se realizan sin contratos escritos, sin transparencia en las condiciones y al margen de cualquier regulación financiera”, dijo.
