El activista Renato Romero Camacho enfrentará en libertad el proceso en su contra por los delitos de daño en propiedad ajena y despojo. La denuncia fue interpuesta por la empresa Agua de Puebla.  

Este 3 de julio, después de la petición de la Secretaría de Gobernación de la administración de Alejandro Armenta, Romero Camacho, obtuvo un cambio de medida cautelar, luego de que se le había dictado prisión preventiva.  

A raíz de este posicionamiento, el Poder Judicial convocó de manera urgente una audiencia para las 9:30 horas de ese mismo día. Entonces, se modificó la medida cautelar impuesta.  

A Romero Camacho se le acusa de participar en los disturbios del 28 de mayo en el municipio de San Miguel Xoxtla por el conflicto hídrico. Roció gasolina y quemó 100 metros de tubería de la empresa Agua de Puebla.  

Se le impuso ahora la obligación de firma periódica, la cual deberá cumplir hasta que concluya el proceso penal. 

La audiencia para determinar su vinculación a proceso quedó agendada para el próximo lunes 7 de julio a las 7:30 horas. 

Aunque por este delito no se le persigue, Renato Romero participó en los cierres de la Autopista México-Puebla que dejaron afectaciones por 30 millones de pesos diarios.  

Las primeras palabras de Renato Romero tras recuperar su libertad 

Cerca del medio día de este jueves, Renato Romero salió por la puerta principal del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Pedro Cholula. Ahí, lo recibieron su esposa, hijos, hermanos y padres. 

En sus primeras declaraciones, afirmó que esto no lo doblega y que seguirá luchando.  

Acusó que, durante su arresto, lo interceptaron agentes ministeriales a bordo de dos vehículos. Los hombres lo habrían sometido con violencia, provocándole lesiones en las rodillas y en los pies, ya que lo arrastraron.  

También exigió la libertad de otros detenidos, especialmente de quienes forman parte de la UPVA 28 de Octubre. 

De esta organización, dijo ser miembro desde hace 20 años en el sector Rivera Anaya, en Puebla capital. 

También denunció que desde hace varios años se encuentra inscrito en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a amenazas de muerte e intimidaciones. 

Sin embargo, reveló que el botón de pánico que le fue asignado por el programa no funcionó cuando lo necesitó. 

Relató que en una reunión reciente en Mazapiltepec, lo activó al notar que lo seguía una camioneta sospechosa pero no sirvió. En tanto el día de su detención, no lo llevaba.  

Audiencia inicial continuará el próximo 7 de julio, pero no volverá a prisión 

A pesar de haber salido de prisión, el proceso judicial contra Renato Romero sigue en curso.  

Será el próximo lunes 7 de julio cuando se lleve a cabo la audiencia para determinar si será vinculado o no a proceso. 

En tanto, no volverá a prisión, siempre y cuando cumpla con la medida de firma periódica. 

Su abogado reiteró que la nueva resolución solo aplica para él. Así, no modifica la situación legal de otros dos activistas, también señalados por hechos relacionados con las protestas en San Miguel Xoxtla.  

Sobre ellos pesan órdenes de aprehensión vigentes que deberán litigar de manera individual. 

La audiencia del miércoles y la prisión preventiva 

La audiencia inicial comenzó el miércoles 2 de julio en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula y se extendió hasta las 10:30 de la noche.  

Al término, el juez resolvió que Renato no podía continuar su proceso en libertad y le impuso prisión preventiva. 

El argumento fue que no cuenta con un domicilio fijo dentro del distrito judicial de Cholula, lo que podría representar un riesgo de fuga. 

Su defensa, que encabeza Tonatiuh Sarabia, abogado e hijo del fundador de la organización UPVA 28 de Octubre, explicó que Renato se traslada frecuentemente entre Xico, Veracruz; Ocotepec y Tepeaca, en Puebla; y la Ciudad de México, por lo que el juez consideró que no hay un lugar definido donde pudiera permanecer durante el proceso. 

La acusación: despojo y daño en propiedad ajena 

Romero fue detenido el pasado lunes 1 de julio por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.  

La denuncia la interpuso Concesiones Integrales (Agua de Puebla), empresa que lo acusa de haber participado en el incendio de más de 100 metros de tubería y en el intento de sabotaje del pozo número 4 de San Miguel Xoxtla durante una manifestación para exigir su clausura. 

Según la querella, también habría incitado al bloqueo de la autopista México–Puebla, todo como parte de las protestas que comunidades han realizado para rechazar la operación de la empresa y exigir el control comunitario del agua.  

Antecedentes de lucha y denuncias de amenazas 

Renato recordó que, en 2015, como habitante del municipio de Ocotepec, encabezó una movilización para impedir la instalación de una planta embotelladora de Coca-Cola. La licha duró dos años y concluyó con la cancelación del proyecto. 

Asimismo, señaló que entre 2015 y 2018 participó en protestas contra la construcción de Ciudad Modelo, impulsada en ese entonces por el gobierno estatal en el municipio de San José Chiapa. 

CDH recibe queja de Renato Romero

La titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, dijo que el martes 1 de julio recibió una queja vía telefónica sobre el actuar de las autoridades contra Renato Romero.

En entrevista al acudir al Congreso de Puebla, comentó que la queja ya está iniciada, además, dijo desconocer el estado del activista o si estuvo aislado.

Nosotros tenemos que hacer las indagatorias correspondientes conforme a los hechos, su esposa fue la que estaba con él en el momento de la detención”, detalló.

Añadió que esperarán los informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para proceder, y actualmente le dan el acompañamiento que se le debe dar “a cualquier víctima”.

Sánchez Soya comentó que la Cuarta Visitaduría es la responsable de las indagatorias a través de la información que proporcionen las autoridades.

Con información de Paola Macuitl

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Guadalupe Chávez

Maestra en Comunicación y licenciada en Televisión. Reportera desde hace más de 10 años en las fuentes de gobierno y nota roja.